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AMPLIARTerraf pidió perpetua y cárcel común para los genocidas

Caso "La Jefatura": Desde el humanismo Terraf pidió perpetua y cárcel común para los genocidas

Durante una exposición que abarcó cuatro horas de la audiencia, el fiscal general Alfredo Terraf aseguró que quedó demostrada la "minuciosidad y planificación" con que operó el terrorismo de Estado durante la dictadura militar y se preguntó “¿qué pasa por la mente de alguien que tortura y se apropia de hijos de mujeres embarazadas?”.

“¿Qué clase de guerreros eran los hijos de Alicia Cerrota y Eduardo Ramos para que los secuestren?, se preguntó Terraf, ayer en su alegato que duró alrededor de cuatro horas, en el Caso Jefatura de Policía. Una exposición brillante y emotiva.

Destacó como "un hecho histórico" las carpetas entregadas por un testigo y sobreviviente de la represión, Juan Carlos Clemente, en las que consta lo que "trágicamente sucedía en la Jefatura de Policía de la provincia, donde funcionaba el Servicio de Información Confidencial (Sic)".

"En esas carpetas figuran los nombres de 293 personas que pasaron por la Jefatura de Policía, 195 figuran con la trágica sigla 'DF', lo que significa que estaban sometidos a 'disposición final'. En otros casos consta que habían quedado en libertad o que habían pasado a disposición del Poder Ejecutivo", subrayó.

Además, Terraf insistió en que "la lista constituye una prueba histórica, porque es la primera vez que los organismos defensores de los derechos humanos, así como los familiares de víctimas y todos podemos conocer, qué fue lo que ha pasado con las personas que figuran en esa lista".   

Gracias a esto se logró un careo entre Albornoz y Clemente. “Albornoz fue el mejor testigo para imputarles los delitos porque reconoció ser Jefe del Sic”. Al inicio del juicio había negado esto pero “se demostró que las firmas que figuran en las carpetas son de él. También confirmó lo que Cattaneo negó, pero que era evidente, la existencia de una comunidad informativa”, aseveró.

En otro momento expresó que el acto de “matar se puede entender, porque puede suceder por diferentes motivos, pero torturar no tiene razón” y agregó que a diferencia del delito de homicidio que tiene varias carátulas, “la tortura no tiene escalas y estos asesinos lo convirtieron en un método común”.

También se preguntó ¿qué adjetivo se puede utilizar para alguien que se apropia de un bebé? ¿Qué pasa por la mente de alguien que tortura y se apropia de hijos de mujeres embarazadas?

En un momento, marcado por la emotividad, Terraf subrayó que “por todos estos crímenes que se cometieron admiro a los familiares de las víctimas, por su lucha y porque jamás hicieron justicia por mano propia, cosa que yo no descartaría hacer si me pasa algo así”.

Terraf, que pidió la máxima pena para los imputados, requirió expresamente al tribunal que preside Carlos Jiménez Montilla que los delitos que se investigan en la causa sean declarados como de "lesa humanidad que, además de ser imprescriptibles, respondían a un plan sistemático".

“¿Cuál es el límite de estos asesinos que secuestraron a una mujer con siete meses de embarazo y la patearon en la panza para torturarla?”, preguntó. Y añadió: “Fueron, son y serán un espanto la tortura seguida de muerte, pero también es un espanto que estos responsables pasen sus días de condena en casa o country. Deben pagar en cárcel común por respeto a los familiares y víctimas. Que vayan a cárcel común estas lacras de la sociedad”, disparó.

Para finalizar, luego de citar a Martí, Savater y exponer con tanta solvencia, expresó: “estoy junto a todos para que en Argentina reine el Nunca Más a la violencia e impunidad, que impere el Siempre Más, siempre más justicia, siempre más verdad, siempre más memoria, siempre más dignidad”.

Según consideró el fiscal y al igual que lo hicieron los querellantes, Menéndez, Albornoz y Luis De Cándido deben ser condenados a prisión perpetua por violación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, tortura seguida de muerte, asociación ilícita. Todos bajo el marco de genocidio según el derecho internacional. Además pidió que sean declarados infames traidores a la patria. Para Carlos De Cándido solicitó cuatro años de prisión por encubrimiento y usurpación de vivienda.

El 8 de julio se conocerá la sentencia

El 7 de julio, a partir de las 8 realizarán los alegatos los defensores. Para que el día siguiente pueda ser leída la parte resolutiva de la sentencia del tribunal, que pondrá fin a la causa en la que se investiga el destino de 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de la Policía de la provincia.

Sebastián Ganzburg

sebaganzburg@gmail.com