Como en la mayoría de las veces que tuvo que enfrentar diferentes instancias judiciales, en los últimos cinco años, el represor volvió a usar su supuesta mala salud para lograr que se suspendiera la primera audiencia del juicio oral y público por el caso Vargas Aignasse.
La misma se reanudará el viernes, luego de que sea revisado por un médico de la Corte. Indignacion entre los miembros de los organismos de derechos humanos. Advierten que Bussi es un simulador nato. El caso Febres pero a la inversa.
A las dos horas de iniciada la lectura de la acusación del Ministerio Público en contra de los Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi, por el secuestro y desaparición del entonces senador provincial, Guillermo Vargas Aignasse, y tras un cuarto intermedio, la audiencia se reinició pero para tomar conocimiento de la opinión de un médico del Sistema Provincial de Salud, SIPROSA, cuyos servicios fueron requeridos a raíz de que Bussi alegó sentir un dolor de pecho agudo.
El primer juicio oral y público contra los dos represores se inició con la advertencia de parte del presidente del Tribunal, Gabriel Casas, de que los acusados debían estar atentos al contenido del documento y asegurarse de entender las imputaciones para estar luego en condiciones de tomar posición al respecto, tal como lo prevé el procedimiento.
Por el auto de elevación a juicio dispuesto el 27 de diciembre de 2007 por el juez federal subrogante Daniel Bejas a partir del requerimiento de Ferrer, a los militares retirados se les imputó los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el Derecho Internacional. "Menéndez y Bussi encabezaron una asociación ilícita que, desde la estructura del Estado, tenía por misión la privación ilegítima de la libertad, ejecuciones, torturas, secuestros extorsivos, robos, daños materiales, apropiación de menores y adulteración de identidad en perjuicio de un grupo perfectamente identificado al que pertenecía la víctima", aseguró Ferrer en el requerimiento leído.
La llegada de Bussi y Menéndez a la sala se produjo en medio de la presencia de unas doscientas personas, entre funcionarios provinciales y nacionales, abogados, familiares de Bussi y partidarios de Fuerza Republicana, y de representantes de las organizaciones de derechos humanos, HIJOS, FADETUC, Madres de Plaza de Mayo, entre otras. Mientras los represores se acomodaban en sus asientos, los familiares de desaparecidos se pusieron de pie, levantando, en silencio las fotografías de las víctimas de la dictadura.
Una larga audiencia
En un momento de la lectura, Antonio Bussi pidió que se reiterara cierto párrafo, aduciendo que no había escuchado correctamente. Casas había entendido que el militar retirado pretendía hacer uso de la palabra, por lo que le advirtió que lo haría al final de la lectura. A lo largo de la audiencia fue notoria la actitud de ambos acusados. Mientras Menéndez se mantuvo cerrado sobre sí y sin ningún tipo de gesto o movimiento corporal, Bussi paseaba su mirada sin centrarse en un punto fijo, hojeaba de vez en cuando unas cuartillas encarpetadas que tenía sobre el escritorio, compartido con su abogada de oficio, Amalia Assaf, el propio Menéndez y el abogado defensor de éste, Horacio Guerineau. En ocasiones, Bussi dejaba su cabeza inclinada hacia atrás, con la boca semiabierta, en una postura que podría hacer pensar que no dominaba los movimientos. A tal punto era esta actitud, que despertaba el murmullo de la sala, de la parte que fuera ocupada, mayoritariamente, por los miembros de los organismos de derechos humanos de la provincia.
En el momentos de anunciarse el cuarto intermedio, y cuando Bussi y Menéndez dejaban la sala, miembros de la agrupación HIJOS y algunos familiares de desaparecidos, comenzaron a gritar “asesinos”, “genocidas” y a reclamar “carcel efectiva y prisión perpetua”. Pasados los quince minutos del cuarto intermedio establecidos por el Presidente del Tribunal comenzó a circular entre los asistentes que Bussi presentaba problemas de salud, lo cual fue confirmado cuando, tras reanudar la audiencia, Casas explicó que un médico del SIPROSA haría un informe sobre el estado del represor.
n efecto, en un marco de una gran tensión que atravesó la sala de audiencias, el cardiólogo Mario Andrés Gálvez, informó que Bussi, quien había sido atendido en una cuarto especialmente acondicionado para emergencias médicas, le había referido sobre un “dolor de pecho, precordial, y debido a los antecedentes que presenta es necesario descartar un síndrome coronario agudo". Por ello, el facultativo recomendó la internación en forma inmediata "a fin de que se realice un electrocardiograma y estudios específicos". Estimó que la evaluación médica llevaría entre 12 y 24 horas.
Ante esta “novedad” y en un primer momento, los miembros del tribunal decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, a las 10, pero posteriormente se lo amplió hasta el viernes para facilitar la presencia en Tucumán de un médico forense para que examine al Bussi. Al respecto, el tribunal requirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la presencia de Tucumán del médico forense José María David o un médico cardiólogo que se designe en su reemplazo.
El informe médico y el anuncio de la suspensión generó un profundo malestar entre los familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos, que rápidamente denunciaron la situación como una práctica “acostumbrada en Bussi, su enfermedad, para eludir la justicia”.
Lo sacaron en ambulancia
Tras el informe médico, rápidamente el imputado fue sacado en camilla e introducido en una ambulancia del SIPROSA que lo condujo a un instituto cardiológico de la calle Rivadavia al 500, sin personal especializado, ni familiar que lo acompañara y con la sola presencia de un miembro de Gendarmería. Ya en el centro médico, Bussi permaneció sentado en la sala de espera, unos cinco minutos, hasta que fue internado formalmente
Mientras Bussi era sacado de la sede del Tribunal, el público que había seguido por las grandes pantallas colocada en las afueras de la sede, los avatares de la audiencia, abuchearon y se produjeron incidentes entre gendarmes que custodiaron la salida del militar y los manifestantes políticos y militantes de derechos humanos que expresaron indignación y malestar.
Un simulador nato
Antonio Domingo Bussi es el gran simulador, describió la abogada Laura Figueroa, al dar su impresión sobre el supuesto malestar del general acusado quien explicó que viene advirtiendo a la justicia sobre esta característica. La letrada, querellante en varias causas por violaciones a los derechos humanos, dijo que Bussi tiene toda la intención de no llegar a la sentencia final. “Ciudado con Antonio Domingo Bussi que puede llegar a atentar contra su vida. Puntualizó que se debería tomar todas las medidas que aseguren que Bussi se está medicando correctamente y controlar su cardiopatía. Aludió luego a que no debía de repetirse el caso Febres, “pero a la inversa, no que lo envenenen, sino que se autoagreda”.
En otro momento de las declaraciones a Tucumán Hoy, Figueroa manifestó que el Poder Judicial debe tomar las medidas sanitarias y médicas apropiadas frente a las actitudes manipuladoras y de simulación de Bussi, previno la abogada.
Isauro Martínez
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