28/01/2008 - Juicios

En febrero continuarán los juicio a represores

Con el retorno del trabajo tribunales se juzgará nuevamente al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides luego que en diciembre lo condenarán a 25 años de prisión. Posteriomente, en Capital Federal se procesará al capitán de ejército Enrique José Berthier.

En abril será el turno de tres comisarios acusados de fusilar y dinamitar a treinta presos.

El ex jefe del Ejército general Cristino Nicolaides, condenado en diciembre pasado a 25 años de prisión, volverá a ser juzgado en la provincia de Corrientes a partir del 5 de febrero, cuando el fin de la feria judicial marque el reinicio de los juicios a los represores de la última dictadura.
Dos semanas después, pero en el porteño Tribunal Oral Federal 5, se comenzará a juzgar al capitán de ejército Enrique José Berthier y a un matrimonio de civiles por el robo de una bebé.

El tercer juicio se iniciará a fines de abril contra tres comisarios acusados de fusilar y dinamitar en agosto de 1967 a treinta presos sacados de Coordinación Federal, en la denominada "Masacre de Fátima", localidad bonaerense próxima a Pilar.

Por ahora sólo estos tres juicios tiene fijada fecha de inicio para el 2008, según datos de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, a cargo de Jorge Auat.

Ninguno corresponde a las megacausas del Primer Cuerpo y la ESMA donde se produjeron la mayoría de los delitos, pero la cifra podría aumentar y el año podría terminar al menos con media docena nuevos juicios, según se estimó.
"En Neuquén, Tucumán, San Luís y Santa Fe hay causas que ya han llegado a la etapa de juicio y se prevé que los debates se realicen también en el curso de este año, mientras que en Córdoba, Salta, San Luís y Santa Fe hay jueces que ya elevaron el pedido de juicio", dijo a Télam un vocero de la unidad fiscal.

El de Nicolaides en Corrientes será el primer juicio penal de derechos humanos que se realiza en el interior del país y durante unos tres meses declararán cuarenta testigos aportados por la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que es parte querellante.

Las audiencias fueron precedidas por una solicitada de las "familias patricias" de la provincia en favor uno de los seis militares imputados en la causa, el ex capitán Juan Carlos De Marchi.

Decenas de firmantes reivindicaron "la valiente acción de quienes defendieron la identidad nacional" y consideraron que la política "verdad y justicia" oficial "nada aporta a la pacificación de los espíritus ni a la consolidación de la tranquilidad" pública.

El militar es ahora un próspero ganadero y directivo de la Sociedad Rural correntina, pero en 1976-77 fue jefe de inteligencia del Regimiento 9 de Infantería.

A De Marchi se le imputan el secuestro, torturas y desaparición de al menos quince militantes políticos y sociales en el Regimiento 9 de Infantería.
La Cámara Federal correntina ordenó que De Marchi aguarde el juicio detenido en el penal de Campo de Mayo, una resolución que fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia.

El octogenario Nicolaides también será juzgado como jefe superior ya que comandaba la Brigada de Infantería VII, pero aunque resulte condenado cumplirá, al igual que ahora, la pena en su domicilio, una prerrogativa de la que gozan los criminales ancianos.

También están imputados los coroneles Horacio Losito, que fue agregado militar en Italia hasta su detención, y Rafael Manuel Barreiro; el suboficial Carlos Roberto Piriz y el comandante de gendarmería Raúl Alfredo Reynoso.
Para el 19 de febrero en el Tribunal 5 de la Capital está agendado el inicio del juicio al capitán Enrique José Berthier, detenido en Campo de Mayo, y al matrimonio de civiles compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto.

El juicio será por la sustracción de la menor María Eugenia Sampallo, la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que querella a sus apropiadores.

El 29 de abril otra vez el Tribunal 5 juzgará a los oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Angel Timarchi.
A los tres se los acusa de haber fusilado y dinamitado en un camino vecinal próximo a Pilar a una treintena de detenidos, no registrados, sacados de la ex Coordinación Federal, donde prestaban servicio los imputados, así como el fallecido comisario Carlos Vicente Marcote y el prófugo Luís Alberto Martínez.