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El anteproyecto fue elaborado por una comisión creada por Garre

La reforma de la justicia militar, convertida en ley por el Senado Nacional, se basó en un plan que realizaron destacados juristas penales y oficiales auditores de las Fuerzas Armadas, creada en el 2006 por la ministra de Defensa.

Los ejes principales de la tarea de esa Comisión de Reforma fueron la erradicación de la pena de muerte, el tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la justicia común, una definición precisa de tales delitos y el cambio del sistema disciplinario castrense.

Con ese objetivo, además de remitir a la Justicia Federal los delitos previstos en el Código Penal, la Comisión propuso incorporar a éste disposiciones relativas a la condición y a los llamados delitos específicamente castrenses.

También propició un "Procedimiento Penal Militar en Tiempos de Guerra" y un Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas relativo a las faltas de carácter administrativo, con fallos y sanciones apelables ante la Justicia penal.

La reforma, como lo propiciaba el anteproyecto, derogó el Código de Justicia Militar y de esta manera, la jurisdicción penal militar, con el fundamento de los principios de la igualdad ante la ley y la integridad del sistema judicial.

Esto implica extender a los militares el conjunto de derechos y garantías que gobiernan el proceso penal, con jueces designados conforme las reglas que la Constitución Nacional.

La expresa abolición de la pena de muerte de su último reducto en el ordenamiento jurídico sitúa a la Argentina en conformidad con lo prescripto por el Pacto de San José de Costa Rica y fulmina toda posibilidad de su reinstalación.

En el régimen disciplinario, la reforma considera falta gravísima el acoso sexual del superior sobre personal jerárquicamente inferior y falta grave el acoso sexual sin una relación jerárquica o de superioridad entre los involucrados.

Adeudada desde el retorno a la democracia en 1983, la reforma tiene como antecedente inmediato el compromiso asumido por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en dos casos ("Rodolfo Correa Belisle v. Argentina" y "Argüelles y otros vs. Argentina").

En ambos, el Estado Nacional, como parte del proceso de la solución amistosa, se comprometió a impulsar la reforma integral del sistema judicial penal en el ámbito castrense para adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Entre otros destacados juristas, integraron la Comisión de Reforma creada en el 2006 Raúl Zaffaroni, Alberto Binder, Mirta López González, Gabriel Valladares y auditores militares como el almirante Agustín Reilly y el coronel Manuel Lozano.