Los derechos ambientales lesionados se extienden a todos los habitantes de la Nación por su impacto a la actividad minera, forestal, pesquera, industrial, agropecuaria, de generación energética, de servicios públicos y residenciales.
Se trata de normativas referidas desde el tratamiento de residuos industriales, la eliminación de PCBs y sobre el Ambiente.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó ayer a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que expida las instrucciones necesarias para la inmediata reglamentación de seis leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Las leyes, primeras en ser sancionadas por el Congreso de la Nación en función de sus características, se refieren a la Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio; de Gestión y eliminación de PCBs; de Gestión ambiental de aguas; de Libre acceso a la información pública ambiental; de Gestión integral de residuos domiciliarios y la Ley general del Ambiente.
Para el Ombudsman nacional es llamativo que haya sido hasta ahora más extenso el plazo que el Poder Ejecutivo Nacional se tomó para la reglamentación de las leyes que el demorado por el propio Congreso en su discusión y sanción. Indica que es injustificable que ninguna ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambientral haya sido reglamentada integralmente ni puestas en vigencia por ninguna de las autoridades
ambientales de la Nación ni de las provincias ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Concluye la presentación de Mondino señalando que "una vez más se debe destacar la palmaria necesidad de la sanción de la reglamentación de todas estas normas tan necesarias para dar seguridad jurídica-ambiental, respuestas certeras, confiables y respetables a las preocupaciones por las afecciones a la salud de la población y para evitar la alteración del equilibrio ambiental".
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