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AMPLIARTerminar con los subsidios sería el comienzo del cambio

Es más importante cambiar las reglas que los funcionarios

Así se titula una "sugerencia" publicada en el informe semana del Insituto para el Desarrollo Argentino, IDESA. La corrupción en la gestión pública es consecuencia de gente deshonesta que aprovecha oportunidades para cometer delitos. Mientras más complejos, discrecionales y difusos son los mecanismos para administrar los fondos públicos, más altas son las probabilidades de que se filtren actos de corrupción.

Por eso,  investigar el "caso Skanska" es importante pero más importante aún es transformar las reglas con las que se manejan los fondos del Estado.

La corrupción puede ser el resultado de gente tan hábil como deshonesta para lograr burlar reglas de procedimientos y control bien definidas. Este es un problema puntual y se combate con investigación, sanción y mejora de los procedimientos. Alternativamente, puede ser la consecuencia de gente que toma provecho de múltiples fisuras que se producen gracias a reglas que permiten la discrecionalidad con bajos niveles de control. Este es un problema sistémico donde la investigación puede llevar a una sanción, pero no significa que no vaya a seguir sucediendo.

¿Cuál es el tipo de corrupción prevaleciente en el Estado argentino? Aunque no hay tipologías puras es posible observar que hay un crecimiento vertiginoso de mecanismos discrecionales de transferencias de fondos públicos a empresa privadas. Por ejemplo, recientemente se ha comenzado a instrumentar el pago de “compensaciones” a empresas productoras de alimentos a través de la Oficina Nacional del Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Si bien se trata de un proceso en estado embrionario y la información disponible es muy parcial, es posible observar a modo de ejemplo algunas particularidades. Sólo en el mes de abril aparece que:

·        Se emitieron 12 resoluciones disponiendo subsidios para empresas privadas del sector agropecuario, industria láctea, granos y oleaginosas, porcina y avícola. 

·        A través de estas resoluciones se entregaron 2.377 subsidios.

·        El monto promedio de estos subsidios fue de $9.355 con resoluciones que varían entre subsidios por $404 promedio hasta $719.600 en promedio.

La distribución de subsidios en estas condiciones lleva implícito de que los funcionarios públicos tienen el poder para decidir cómo y a quién se distribuyen los fondos del Estado entre miles de empresas distribuidas en todo el país. Con esta regla, las oportunidades y los incentivos para que se produzcan actos de corrupción son enormes. Cuando la corrupción se produce, la conclusión debería ser que el accionar deshonesto ha sido la consecuencia de pocos escrúpulos, pero también porque hay reglas de operación que facilitan –y, en algunos casos, hasta incitan– a medrar con los fondos públicos.

Los subsidios se justifican con el objetivo social de evitar que los aumentos de precios erosionen la calidad de vida de las familias. Se trata además de familias de bajos recursos que destinan una proporción importante de sus ingresos a la compra de alimentos. Sin embargo, para lograr esta meta, no hace falta generar oportunidades de corrupción. Se puede apelar a reglas más transparentes, automáticas y menos discrecionales. Por ejemplo, la elevada presión impositiva es un factor que encarece los alimentos. Cambios en los impuestos permitirían reducir los precios de una manera general, sin la dependencia del funcionario público ni la intermediación de gestores. Si el objetivo además es usar fondos públicos para beneficiar a las familias más humildes, el subsidio debe ser entregado con mecanismos transparentes y automáticos a los hogares pobres, no a los empresarios. Esto reduce drásticamente las oportunidades para la corrupción.

De todas formas, desde el punto de vista de generar oportunidades de corrupción los mecanismos de compensación a productores de alimentos son un tema menor. Los fondos públicos destinados a evitar subas de tarifas, las compensaciones al transporte o el desarrollo de infraestructura (donde se produjo el “caso Skanska”) involucran montos más elevados, empresas más poderosas y menos transparencia sobre la información de cómo se distribuyen los subsidios. Por los montos involucrados y por las modalidades administrativas utilizadas estas transferencias a privados son terrenos mucho más fértiles para la corrupción sistémica donde la honestidad de las personas prácticamente deja de contar .

Obviamente que es imprescindible investigar el “caso Skanska” hasta identificar a los responsables y aplicar las sanciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque los hechos sean muy graves constituyen apenas la anécdota dentro de un contexto institucional donde prevalecen reglas y mecanismos poco transparentes y discrecionales. Por esto, un compromiso honesto y efectivo con la transparencia no se demuestra sólo cambiando funcionarios sino también modificando los mecanismos de gestión que utiliza el Estado. Los valores y la honestidad de los funcionarios son importantes. Pero son las reglas las que van a cerrar las ventanas por donde se filtra la corrupción.