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AMPLIARBussi fue indagado en su lugar de detención

Bussi se escudó en los decretos de Isabel Perón para justificar los crímenes de lesa humanidad

El médico forense dijo que estaba en condiciones de prestar declaración y lo hizo por varias horas. El general represor aportó pruebas documentales de la época, dijo que luchó contra el terrorismo internacional y le pidió al Juez Parache que prestara particular atención a las pruebas aportadas.

Los organismos exigieron que la justicia acelere los procedimientos y que se expida por la realización de los juicios orales.

Finalmente, el juez federal Jorge Parache indagó a Antonio Bussi y a Mario Albino Zimmerman en el lugar donde guardan prisión preventiva por acusaciones en una docena de causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, época en la que estuvieron al frente de las prácticas de terrorismo de Estado aplicadas en Tucumán.

La requisitoria corresponde a la etapa de la instrucción de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga, en la que están conectados alrededor de sesenta expedientes judiciales que dan cuenta de unos ochenta casos de personas detenidas desaparecidas, ajusticiadas o muertas bajo tortura en el  mencionado predio militar, considerado un campo de exterminio por los organismos de derechos humanos.  Por estas características, el juez Parache imputó a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería Nacional involucrados en la causa por el delito internacional de genocidio, y bajo ese cargo, se llevó la indagatoria.

Previamente, el médico forense de la Justicia Federal, de apellido Aciar sometió a Antonio Bussi a una auscultación médica debido a que una semana antes de que comenzaran las indagatoria, el represor fue internado con un diagnóstico de dolencias cardíacas. Sin embargo, y tras la manifestación del abogado defensor del militar de que quería declarar en la causa Arsenales, Aciar informó al juzgado que Bussi estaba en condiciones de ser indagado. No fue el caso de Zimmerman, quien alegó no estar en un buen estado de salud.

LA DECLARACIÓN DE BUSSI

El represor, a través de su abogado, Horacio Conesa Mones Ruiz presentó lo que consideraron “prueba documental de la época”, consistente en doscientos sesenta fojas presentadas como aval de acontecimientos que tuvieran lugar en los ’70. En este sentido reiteraron la línea de defensa ya expuesta con Luciano Benjamín Menéndez  que sostiene que el accionar de las fuerzas conjuntas de seguridad fue una respuesta “a una guerra promovida por el terrorismo internacional”.

A través de los textos, Bussi se propone demostrar, como es de esperar, quiénes son los promotores de esa guerra, excluyendo de esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas y refutando de esa manera las imputaciones que aparecen en la causa “Arsenales”, entre ellas, la de comisión del delito de genocidio, contra grupos nacionales, como alegan la querella y la fiscalía, a cargo del doctor Emilio Ferrer.

Sobre este punto, la abogada querellante,  Laura Figueroa ya había explicado a la prensa que la imputación por genocidio contra grupos nacionales, “tiraba por tierra el discurso de las fuerzas de seguridad en cuanto que en Tucumán se llevó adelante una guerra y que las personas desaparecidas y/o muertas fueron consecuencia  de un conflicto bélico interno”.

Por otro lado, Conesa Mones Ruiz aportó documentación periodística de la época, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de entonces por el que se  declarara el estado de sitio y las razones de esa declaración, además de las resoluciones por las que las organizaciones político militares Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros fueron declaradas “fuera de la ley” . Como en casi todas las causas en la que están involucrados los militares y policías del Proceso, presentaron como atenuante de su accionar, los cuatro decreto emitidos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón que establecen el “aniquilamiento del terrorismo”. En los escritos presentados, también se intenta justificar el accionar militar en directivas impartidas por el entonces Consejo de Seguridad Nacional. Bussi pidió al juez Jorge Parache que le prestara “particular atención a las pruebas aportadas”. 

Según lo anticipó, la próxima semana el abogado de Bussi opondrá las excepciones previas a la acción penal porque sostiene “que después de 30 años, es totalmente extemporáneo el proceso que se lleva adelante”.

MANIFESTACIONES FRENTE AL JUZGADO

Los organismos de derechos humanos junto a organizaciones políticas se concentraron frente a la sede del Juzgado Federal y no se hicieron presentes en el Arsenal Miguel de Azcuénaga como se pensó que lo harían. Voceros de los diferentes grupos explicaron que este es el tiempo de la Justicia a la que le exigen que “se ponga a la altura de las demandas sociales que exigen juicio y castigo a los responsables del genocidio en Tucumán”.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, Virginia Sosa, destacó asimismo, que además de exigir una justicia rápida, se requiere una justicia coherente y conocedora de la temática de los derechos humanos a la que calificó de “compleja”. Al respecto, puso como ejemplo los fallos de la Cámara de Apelación de la Justicia Federal de Tucumán, que ordenó la prisión domiciliaria del Antonio Bussi, y la libertad provisoria de una mujer, civil, acusada de haber participado en casos torturas contra detenidos desaparecidos, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977.  

 Hoy se espera que preste declaración, un gendarme de apellido Palomo, con un alto grado jerárquico dentro de la fuerza.

Isauro Martínez