AMPLIAREnrique Martínez, presidente del INTI

04/04/2008 - Campo

No perdamos esta oportunidad, dice el presidente del INTI

El ingeniero Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial hace un análisis con referencia al paro de los ruralistas. Destaca, que hay una cadena de valor, que vincula con fuerza desde el propietario de tierra hasta los consumidores de alimentos, que por supuesto somos todos. De esta cadena, hay que fortalecer a los más débiles, propone.

Los 21 días de paro empresario agropecuario han dejado numerosos matices para el aprendizaje.

Uno, muy importante, que no es justamente el que más se destaca, es que hay una cadena de valor, que vincula con fuerza desde el propietario de tierra hasta los consumidores de alimentos, que por supuesto somos todos.

Si pagamos 8 pesos el kilo de pollo, desde allí esos billetes se dividen en muchos pedazos y van a parar al comerciante minorista, el distribuidor de los pollos faenados; quien los faena, quien los produce, quien suministra los alimentos, el dueño de la tierra, el eventual arrendatario, el contratista que cultiva el maíz, la soja y otros componentes que van luego al alimento balanceado. Si ese pollo tiene la opción de ser exportado en lugar de consumido en el país, entra además en la cadena el exportador, con sus propios intereses. Finalmente, está el Estado, responsable de aplicar impuestos a los eslabones de la cadena, para atender con esos ingresos todo aquello que hace el interés general y que no se puede autofinanciar como una empresa que opera en el mercado.

La forma en que se distribuyen aquellos 8 pesos entre todos los segmentos depende de dos cosas, centralmente:

Del poder económico que cada uno tenga para extraerle renta a los demás.

De que ese poder se ejerza sin hacer desaparecer alguno de los eslabones imprescindibles, porque en este último supuesto toda la cadena pierde sentido.

Así funciona la cadena del pollo o de los automóviles o del negocio del fútbol, cada una con sus características propias.

Desde el campo argentino – o desde el Estado con relación al campo – el tema nunca se ha visto así. Durante años y años me sorprendió recibir los cálculos de rentabilidad de granos preparados por la Sociedad Rural que tomaban como precio el valor de exportación, le descontaban un 30% como “gastos de comercialización” y de allí llegaban al precio en la tranquera del campo. Ese era el referente de ganancia o pérdida para el productor. Solo algunos conflictos, como los de los tamberos frente a la industria lechera o entre los vendedores de cueros crudos y la industria curtidora, obligaban a pensar que había algo más allá de la tranquera.

En los últimos 20 años, sin embargo, muchas cosas – demasiadas – han cambiado como para que se pueda seguir pensando de esa manera.

Como mínimo, habría que tener en cuenta lo siguiente:

La utilización del maíz en la alimentación de pollos, vacunos de carne y ganado lechero ha aumentado tanto en el país que más de la mitad del maíz se usa en el mercado interno, a diferencia de las cifras históricas, que no superaban el 25% hace dos décadas. El costo del pollo está ligado al precio del maíz y también de la soja.

La exportación de harina de trigo, en lugar de trigo sin procesar, ya va tomando dimensión, despegando de los irrelevantes valores históricos.

Solo el 25% del grano de soja se exporta como tal. El resto, si bien se exporta casi todo, es en forma de aceite y de harina de soja, luego de un proceso industrial. Ahora aparece también el biodiesel en esta cadena.

Los productos lácteos se han diversificado enormemente en el mercado interno. Ya están muy lejos de la leche en botella, la manteca y algún queso semiduro. Esto significa ecuaciones industriales de negocio mucho más complejas, pero también más rentables que antaño.

Aparecieron los hipermercados, con alto poder de compra y con efectos concentradores muy fuertes, ya que las pequeñas industrias alimenticias solo acceden a las góndolas por excepción.

Los precios internacionales, en alza sostenida, con clara tendencia a mantenerse así y un tipo de cambio alto construyen una ecuación de expectativas importantes de rentabilidad para quien trabaje el campo.

La tecnología de la siembra directa permite sembrar grandes extensiones con menos equipo, a la vez que incorpora el uso de herbicidas y fertilizantes en proporciones mucho más altas que las históricas.

Los herbicidas, fertilizantes y las semillas aptas para la siembra directa son producidas de manera monopólica u oligopólica, asegurando así alta rentabilidad a quienes las proveen.

Apoyado en los altos precios y en la facilidad de trabajo que surge de la siembra directa, el capital financiero ha irrumpido como arrendatario en efectivo – reemplazando los arriendos a porcentaje – de superficies que hoy llegan a varios millones de hectáreas.

Finalmente, ante la aparición de lo que puede considerarse una renta extraordinaria en la producción primaria, el Estado ha institucionalizado una política de retenciones a la exportación.

En este marco, ya nadie puede quedarse encerrado en el campo. Ni siquiera puede considerar que su bonanza o sus males dependan de uno solo de los miembros de la cadena de valor, como podría pensarse al agrupar posiciones para la confrontación con la política oficial de retenciones. Reitero, la distribución de la renta al interior de una cadena de valor depende del poder relativo de los eslabones que la componen.

Si el Estado anulara por completo la política de retenciones y cualquier alternativa de regulación de precios, los precios al consumidor subirían. Eso parece estar fuera de toda duda. Pero el punto crítico ni siquiera es ese, con toda la importancia que tiene. El punto es: ¿Quién se quedaría con la diferencia?

Lo más probable es que sean los hipermercados primero y los industriales después, en la cadena de la leche o del pollo o de la hacienda.

Los exportadores, los acopiadores de granos, los propietarios de la tierra que la explotan o la dan en arriendo, los fondos de siembra, los proveedores de insumos, aumentarían enormemente sus ganancias. El saldo, necesariamente marginal, quedaría para los chacareros pequeños, aquellos que hoy complementan la siembra en pequeñas superficies con el arriendo a vecinos.

Es muy factible que ese saldo lo obtuvieran esencialmente como empleados de los fondos de siembra a los efectos de realizar las labranzas, más que como productores independientes. Esto no es una teoría conspirativa. Es simplemente fruto de la experiencia de cualquier otro ámbito donde alguien domina la cadena de valor y de la evolución de la misma durante los últimos diez años.

Parece central advertir que, a la inversa, fijar retenciones tiene el mismo efecto que tendría una caída abrupta del precio internacional de los granos. Reduce la renta global de la cadena. ¿Quién absorbería la “pérdida de ganancias”? No hace falta mucho desarrollo para demostrar que serían los chacareros mas pequeños, especialmente los que complementan su ingreso con el trabajo de tierra arrendada, además de la propia.

En palabras simples: es necesario fortalecer a los eslabones más pequeños de la cadena.

Para ello, mirado desde esos eslabones débiles, puede servir algo conseguir una compensación de las retenciones. Pero lo único que sirve definitivamente es la reducción del poder relativo de los eslabones que hoy controlan las distintas cadenas.

A los fondos de inversión hay que colocarlos en un escenario con arrendamientos a más largo plazo y con rotaciones obligadas, lo cual desalentará su tan poco responsable participación actual.

Al arriendo de tierra en efectivo hay que contraponerle un esquema impositivo que favorezca el arrendamiento a porcentaje. En este último esquema el poder del capital financiero se reduciría significativamente.

Al trabajo sin raíces en el territorio se lo puede acotar beneficiando impositivamente a quien trabaje la tierra hasta cierta distancia (100 kms.) de su domicilio efectivo.

A la concentración láctea o avícola se la debería confrontar con la diseminación en todo el territorio argentino, especialmente en las zonas periféricas, de la tecnología para procesar leche o aves o vacunos en pequeña escala y con las mejores prácticas de manufactura. En ningún caso hay razones técnicas para que se profundice la concentración, salvo por el poder económico.

A la discriminación de los hipermercados, cada autoridad local la puede contrarrestar con espacios de venta de productos del territorio, de calidad adecuada, que destaquen el orgullo por lo propio, característica que se encuentra en cada una de las manifestaciones de protesta de los últimos 20 días.

En la búsqueda de fortalecer a los más débiles corresponde agregar la obligación inexorable, de todos los miembros de la cadena, de trabajar con todo el personal en blanco. El trabajador rural es el eslabón más débil entre los débiles.

Se podría seguir largamente. Bastaría con aferrarse con fuerza a dos conceptos: Mirar toda la cadena de valor. Fortalecer a los más débiles.

En el paquete seguramente estarán las retenciones y otras asignaturas pendientes del Estado. Pero también estará un método cierto para encontrar soluciones permanentes.

Enrique M. Martínez
Presidente del INTI.