1 de cada 4 pesos del salario docente se paga "en negro"

Estos pagos “en negro” se complementan con una gran cantidad de adicionales que, si bien son remunerativos, –es decir, están sujetos a aportes y contribuciones–, no forman parte de la estructura salarial que contemplan los Estatutos Docentes.

En otras palabras, no responden a la lógica que fijan los Estatutos, como es, por ejemplo, que no se computan para el cálculo de la antigüedad. Estos componentes constituyen, así, una zona “gris”.

La suma de pagos “en negro” más pagos “en gris” forman una brecha entre lo que se define en los Estatutos Docentes y lo que los maestros reciben en la realidad. Según el Ministerio de Educación, el sueldo básico y la antigüedad –que son las típicas figuras de remuneraciones que contemplan los Estatutos– apenas representan para el promedio simple de las jurisdicciones un 65% del salario bruto.

Un caso extremo es Santa Cruz donde el sueldo básico y la antigüedad apenas representan el 38% del salario bruto del maestro; el resto son pagos que pueden ser remunerativos, pero son no bonificables, es decir, no forman parte ni del salario básico ni se computan para la antigüedad.

Esta particular forma de pagar a los docentes está profundamente arraigada. Se da en todas las provincias. Es más, el pago “en negro” es la modalidad preferida de la Nación para complementar los salarios que pagan las provincias.

En rigor, los pagos “en negro” y “en gris” son un síntoma de las enormes dificultades que se enfrentan al tratar de cumplir con las normas laborales y de la seguridad social. Cuando los Estados nacional y provinciales incursionan en estas irregularidades, lo hacen desde la estrategia de mejorar el salario de bolsillo sin incrementar el costo laboral y, de esa manera, “destrabar” los conflictos, reiniciar las clases y sacar el tema de los medios de comunicación.

Pero los efectos de la estrategia duran poco y perpetúan los problemas. Por un lado, porque el uso de estos componentes por fuera del Estatuto es motivo de un permanente reclamo sindical por violación a la carrera docente.

Los pagos de adicionales –no remunerativos o remunerativos– son un factor de conflictividad estructural. Por el otro, porque constituyen un terreno fértil para la litigiosidad previsional. Pagando no remunerativos se reduce el costo laboral en el corto plazo, pero se aumentan los gastos futuros ya que generalmente el Estado pierde las demandas judiciales que presentan los docentes que se jubilan.

El problema de fondo es que, ni las elevadas cargas sociales ni las regulaciones que contemplan los Estatutos Docentes, constituyen reglas consistentes con el objetivo de dar buenos servicios educativos.

Defender en los discursos estas regulaciones, para luego violarlas a través de pagos “en negro” y “en gris”, es una práctica hipócrita. Es uno de los principales factores que explican la decadencia del sistema educativo argentino.

Por eso, para romper con esta tendencia es fundamental replantear las reglas que regulan el trabajo docente apuntando a generar normas que sean realistas y consistentes con la capacidad de pago del Estado y que estimulen el compromiso y la capacitación de los educadores.

Informe semanal del Instituto de Desarrollo Social Argentino