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AMPLIARRighi pide acelerar las causas conexas

"Juicios significativos" proponen para acelerar las causas de delitos de lesa humanidad

Se trata de procesos que unifican la mayor cantidad de hechos o de autores. La Procuración General de la Nación trabaja con las fiscalías de todo el país para su elaboración, en sintonía con el pedido del Gobierno, armando un "plan de trabajo" con la colaboración de la Unidad de Coordinación y Seguimiento.

El reclamo de "conexidad de las causas" fue reiteradamente pedida por los Organismos de Derechos Humanos.

La Procuración General de la Nación (PGN) trabaja con las fiscalías federales de todo el país en la elaboración de "juicios significativos" que unifiquen la mayor cantidad de hechos o de autores, para acelerar las causas por delitos de lesa humanidad, en sintonía con el pedido del gobierno nacional.

A tal fin, se encomendó armar un "plan de trabajo" en cada una de estas fiscalías federales con la colaboración de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, a cargo del fiscal federal del Chaco, Jorge Eduardo Auat, y coordinada por Pablo Parenti.

"La idea es elaborar juicios significativos. Los modelos a evitar son los de los represores Héctor Febres, Cristian Von Wernick, Miguel Etchecolatz", donde había más autores involucrados en estos delitos que no fueron incluidos en los juicios orales, explicó  Pablo Parenti, coordinador de la Unidad.

Mencionó que "las primeras causas (por delitos de lesa humanidad) que están llegando a las diferentes jurisdicciones lo hacen en forma atomizadas, por pocos hechos y pocos autores, y esto no es por falta de pruebas sino por razones procesales".

Parenti explicó que la regla que debe primar es la de "conexidad objetiva, en cuanto a los hechos vinculados históricamente que se investigan en diferentes causas, y subjetiva, respecto a los autores", principio que está establecido en el artículo 41 del Código Procesal pero que no siempre se utiliza.

La necesidad de aplicar esta regla surgió luego de un diagnóstico de la Procuración, realizado en agosto del año pasado en base al relevamiento en las fiscalías federales, de donde surgió la "ineficiencia" para elevar casuas a juicio oral, "juicios raquíticos y aislados", según calificó Parenti.

El problema que quedó en evidencia fue "la multiplicidad de expedientes respecto a un mismo hecho" o un mismo autor, así como también "las demoras en la instrucción y en la elevación a juicio oral", aunque en esto también tienen un papel fundamental los jueces.

Por este motivo, la Unidad de Coordinación de estas fiscalías elaboraron un plan de acción para cada jurisdicción, con el objetivo de coordinar su aplicación con los fiscales que actúan, para evitar la acumulación de causas.

“Lo que se busca es traducir estas pautas en un plan de trabajo concreto para cada jurisdicción", dijo Parenti.

En total, precisó Parenti, en el país hay unos 850 expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Los núcleos que concentran la mayor cantidad de estos hechos son Capital Federal, La Plata, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán, y más atrás Mendoza, que coinciden con los centros de represión que funcionaban en esa época.

La idea es que se dicten menos cantidad de autos de procesamiento (luego de cada indagatoria), para que el juez los pueda resolver en una sola pieza, consignó.

La semana pasada, la PGJ, a cargo del procurador Esteban Righi dictó una resolución en la que instruyó a los fiscales del ministerio público a acelerar los procedimientos legales para elevar a juicio oral las causas por delitos de lesa humanidad.

Esta medida constituyó un fuerte impulso y puso a la vista de los demás poderes el "criterio" que utiliza la Procuración para instruir a sus fiscales pero, dado que en estas causas está involucrado también el Poder Judicial, con sus jueces, habrá que ver si también va a hacer algo en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su discurso ante el Congreso de la Nación, el primero de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió al Poder Judicial que se aceleren los juicios a los represores que actuaron durante los setenta, durante la dictadura militar.

Durante la anterior gestión del presidente Néstor Kirchner, se anuló la ley de punto final y obediencia debido y eso permitió abrir las causas por delitos de lesa humanidad.