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AMPLIARRicardo Cavallo será juzgado en los dos países

España autorizó la extradición del represor Ricardo Cavallo

En enero del 2007, Cavallo manifestó que deseaba ser juzgado en Argentina. En España, el ministerio fiscal reclama para el acusado una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo. Se imputan siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo.

Sin embargo, la entrega quedará suspendida hasta que termine el proceso judicial abierto en ese país.

El gobierno español autorizó hoy que el represor Ricardo Miguel Cavallo sea extraditado a la Argentina para ser juzgado en el país por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura de los que se lo acusa. La medida fue anunciada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, durante una conferencia de prensa en Madrid.

"Lo van a entregar y no va a volver nunca más a España", dijo el abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, en declaraciones a la prensa argentina.  Y agregó que la situación del ex militar "era muy compleja y había muchos intereses bastardos en todos lados".

La decisión fue adoptada después que el gobierno mexicano autorizara su re-extradición a la Argentina. Cavallo, procesado por el juez español de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está en prisión en Madrid desde que llegó extraditado en junio de 2003 desde México.

Conocido como "Serpico" y "Marcelo", Cavallo fue compañero de Alfredo Astiz e integró uno de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En agosto de 2000 fue detenido en México por pedido de Baltasar Garzón, quien lo imputaba por delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura. Y finalmente fue extraditado a España.

La resolución a favor de la extradición, adoptada por el Consejo de Ministros, fue anunciada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en conferencia de prensa.

Sin embargo, el gobierno español precisa en un comunicado que la entrega queda suspendida hasta que el ex marino "deje extinguidas las responsabilidades contraídas" en España; es decir hasta que termine el proceso judicial abierto en ese país.

Y agrega que "no obstante se puede hacer uso de la entrega temporal en las condiciones acordadas por las partes, según se establece en el artículo 19 del Tratado bilateral.

Con esta decisión, "España dice que no tiene inconveniente político en aceptar la extradición de Cavallo bajo dos condiciones, primero, que México de su consentimiento de re-extradición -ya otorgado- , y segundo, que el reclamado cumpla con sus compromisos en el país -ser juzgado y cumplir condena-", indicaron a Télam fuentes judiciales.

Pero también queda abierta una vía, la "entrega temporal" para que Cavallo sea extraditado a Argentina sin que previamente haya cumplido con sus responsabilidades judiciales en España.

Esta opción, sólo se hará efectiva si las autoridades judiciales argentinas así lo solicitan, y después de que ambas partes acuerden las condiciones de la entrega.

Cavallo, alias "Sérpico" o "Marcelo", cumple prisión provisional en Madrid desde el 29 de junio de 2003, cuando fue extraditado de México a España a pedido del juez Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

El ex capitán de corbeta, quien formó parte del servicio de inteligencia naval, era oficial de contra-inteligencia y en ese carácter integró el grupo de tareas 3.3.2, fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 cuando intentaba huir hacia Argentina.

A mediados de 2006, la Fiscalía pidió que se fijara fecha para el juicio oral, pero hasta ahora el titular de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, se había negado a hacerlo a la espera de que se resolviera el proceso de extradición.

Cuando el pasado 7 de febrero México se pronunció a favor de la re-extradición de Cavallo de España a la Argentina, las acusaciones particulares y populares temieron lo peor: que fuera entregado al país sin ser juzgado en el marco de la misma causa por la que fue condenado el represor Adolfo Sclingo.

Tras la decisión que adoptó hoy el gobierno español, las dudas no se han despejado por completo.

Para el abogado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, la decisión del consejo de ministros implica que el ex marino no será juzgado en España.

En cambio, el abogado de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), Manuel Ollé, dijo  que en su resolución el gobierno dice claramente que "accede a la extradición" pero también "da cumplimiento al artículo 19 que establece que cuando hay una causa pendiente, el reclamado no puede ser entregado".

"Cavallo sólo puede ser entregado temporalmente a Argentina, por ejemplo, para una diligencia judicial, pero tiene que ser un viaje de ida y vuelta", añadió. Según el letrado español, lo que está diciendo el gobierno es que "se aplaza la extradición".

En tanto, el abogado Carlos Slepoy -quien ejerció como acusación popular en el proceso abierto contra el represor Ricardo Cavallo en España- dijo que la decisión del gobierno español de conceder la extradición "no es definitiva".

"El gobierno español deja abierta la posibilidad, a decisión de la justicia española, de que Cavallo sea juzgado en España antes de ser entregado a Argentina", dijo Slepoy.

El "caso Cavallo" dio un giro cuando el 20 de diciembre de 2006 de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que preside el juez Alfonso Guevara, se declaró "incompetente" y declinó su jurisdicción a favor de la justicia argentina.

Paralelamente, en una decisión no ajustada a derecho, según puso de manifiesto el Tribunal Supremo español en su sentencia del 7 de julio de 2007, la misma Sala Tercera solicitó a las autoridades argentinas que pidieran la extradición de Cavallo, proceso que ahora sigue en marcha.

En ese marco, el 29 de enero de 2007, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la libertad de Cavallo, y éste, al día siguiente, se puso a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 bajo el procedimiento de re-extradición cuya activación fue provocada por la misma sección Tercera.

Según la causa española, en los primeros años de la dictadura, Cavallo estuvo encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".

A partir de 1979, el ex teniente de Fragata se integró en el área de Inteligencia y por tanto "participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos".

Durante la estancia de Cavallo en la ESMA estuvieron detenidas allí en algún momento 5.000 de los 30.000 desaparecidos por la dictadura argentina, y de acuerdo con las investigaciones judiciales se contabilizaron 255 personas desaparecidas o ejecutadas, mientras Cavallo estuvo en la ESMA.