Otra vez las imágenes de las víctimas del genocidio dieron un particular marco al tribunal. Pero en esta oportunidad se incorporó un elemento nuevo: las banderas argentinas que portaban familiares de los represores, suponiendo tal vez, que los “presos políticos” (como ellos sin pudor dieron en llamar a los imputados por crímenes de lesa humanidad) podrían ser considerados héroes de una “guerra” que libraron de noche, al amparo de la oscuridad, en patotas, encapuchados, y secuestrando civiles de sus casas mientras dormían…
En una sala que por momentos estuvo colmada de familiares y público, continuó la segunda ronda matutina de declaraciones de testigos del horror vivido durante la peor dictadura de nuestro país.
Y otra vez los delirios y las chicanas de los defensores, que en el inicio mismo de la jornada comenzaron con el planteo del abogado Benedicto, quién denunció la conformación de una supuesta “asociación ilícita” integrada por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, el último testigo de la semana anterior, Fernando Sosa Padilla, y el fiscal ad hoc en esta megacausa, Pablo Poviña. El mismo defensor, más tarde, pidió el procesamiento por falso testimonio y “la pericia psiquiátrica y psicológica” del testigo Marcelo del Valle Agüero, y requirió al testigo Manuel Ricardo Aguirre su número de documento, para “poder identificarlo”...
El caso Forti
La ronda de declaraciones comenzó con el relato del horror vivido por ella, su familia, y la víctima Nélida de Forti y su familia, la psicóloga Luisa Vivanco. La señora Forti, cabe señalar, con sus seis hijos, una vez ascendidos al avión que debía transportarlos a Venezuela, fueron arrestados con “orden de captura” pedida desde Tucumán. Ambas familias, Alonso-Vivanco, y Forti-Santillán, además de compartir amistad y vecindad, compartían tareas comunitarias y de militancia social. Luisa y Nélida, en temas de educación y comunicación popular con los sectores más humildes del barrio El Colmenar dónde, según Vivanco, “varios vecinos fueron secuestrados”. Los médicos Bernardo Alonso y Alfredo Forti, compartían tareas profesionales en el ex sanatorio ADOS. Y debieron apelar al exilio, en Venezuela, tras soportar permanentes persecuciones, y el estallido de una bomba en una vivienda próxima a las de ellos, del abogado Julio César Rodríguez Anido.
Pero volvamos al secuestro de la señora Forti y sus seis hijos pequeños, que estuvieron desaparecidos durante una semana, aparentemente en el “Pozo de Quilmes”. Después de permanecer esa semana en una celda pequeña y oscura, escuchando los gritos de las víctimas de tormentos, los chicos fueron abandonados en la calle, en Buenos Aires, y gracias a una familia que los rescató pudieron -poco tiempo después- reunirse con su padre. De Nélida, por testimonios, pudo saberse que estuvo en Jefatura de Policía.
Entretanto, Luisa Vivanco, también con seis hijos a cuestas, mudándose permanentemente en viviendas de amigos, llegó hasta Buenos Aires para embarcarse con su amiga a Venezuela. Pero allí, tras enfermarse su hijo más pequeño debió postergar su partida, que finalmente pudo concretar unos días después. Pero con su compañera de militancia desaparecida…
El caso Agüero
Por el caso del secuestro del joven José Gabriel Agüero declaró un tío suyo, periodista y policía (jubilado de esta fuerza de seguridad con el grado de comisario mayor), Marcelo del Valle Agüero, quién tampoco se privó de delirar al referirse a su pasado de seminarista y al calificar a la jerarquía eclesiástica y a la “mafia” del Vaticano. Hasta afirmó que estuvo entre el grupo iniciador del Movimiento de los Sacerdotes del Tercer mundo, y mezcló fechas y datos confusos, pero reconoció haber sido “jefe de Operaciones Policiales”, y que el Centro de Informaciones Confidenciales (C.I.C.) actuó bajo el mando del “Tuerto” Albornoz.
En su gestión como policía dijo que poco pudo averiguar de la situación de su sobrino, porque “policía que pasaba información era hombre muerto”, destacando en tal sentido que dos suboficiales y el comisario Wenceslao Quinteros fueron asesinados “por haber filtrado información policial”. Acusó además a los policías Luís De Cándido y a otros dos, de apellidos Quintana y Abraham, de haber pertenecido a “la patota” de Albornoz, según él “un asesino sanguinario”.
También acusó al ex juez federal Manlio Martínez de haber recibido un solo pedido de hábeas corpus a favor de su sobrino (de los tres que presentó), y mezcló datos, fechas, nombres, al SIDE, a los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (P.S.T., en el que habría militado el hijo de su hermano), a Concentración Nacional Universitaria (C.N.U.), integrado por “informantes del Servicio de Informaciones del Ejército”. Y entre los integrantes de este grupo citó los apellidos Velásquez, Naranjo, Esper, Cejas, Cainzo, Alvarez y al acusado Benedicto, quién según Agüero “perseguía y golpeaba a prostitutas desde muy joven”.
Los casos Zorrilla y Aguirre
Juan Manuel Zorrilla y Manuel Ricardo Aguirre, al momento de sus secuestros, en mayo de 1976, respectivamente los días 3 y 4, compartían el ser compañeros de trabajo en ingenio San Juan. Ambos, a pesar de negar su participación en actividades sindicales o políticas, estuvieron desaparecidos “sólo” unos días: el primero dieciocho, su par veinticuatro. Ambos padecen secuelas físicas y sicológicas tras los espantosos momentos vividos en la Jefatura de Policía. Zorrilla perdió su trabajo tras el secuestro, mientras que Aguirre sigue prestando servicios.
Esposado con las manos atrás, y vendado, Zorrilla fue sacado a los empellones de su domicilio, pero pudo observar por debajo de las vendas, borceguíes que supone de policías. Lo subieron a un auto en el que había ya otra persona, que no supo de quién se trataba, y lo llevaron a una sala grande, con hombres y mujeres, y una embarazada de cuatro meses (dato corroborado por su compañero).
Al recordar a sus compañeros desaparecidos, citó al “Cucusa” Santillán, a Juan De la Cruz, a “Chicho” Tula, a “Bombolorio” Herrera, a “Bocha” Zárate y su hermano “Sota”, a Santillán, a Trejo, a Manuel Tártalo, y a varias otras personas (todos nombres y apodos citados también por Aguirre). Y hoy, treinta y seis años después, cuando recuerda los momentos vividos, Zorrilla afirma “me pongo mal…”
A Aguirre, en cambio, lo secuestraron unos encapuchados, que le preguntaban por Tártalo. En el auto en el que lo trasladaban le aplicaron una inyección que lo dejó dormido. Al despertar, se encontró colgado con una soga de los pies mientras lo pateaban en el cuerpo. Y a los golpes lo tuvieron cada día mientras duró su cautiverio, lleno de torturas y humillaciones… “Hoy vivo con miedo que pueda volver a sucederme una cosa así”, afirmó…
Varios escenarios horrorosos los relatados… Mientras tanto, aquellos a los que sus familiares intentan hacer aparecer como víctimas de “ésta” justicia y de “ésta” democracia, son los que perpetraron las perversiones señaladas…
Vicente Guzzi
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