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AMPLIARLa paz del lugar se vería alterada por Bussi

Vecinos de un country cuestionan la llegada de Antonio Bussi

El represor, quien tiene prisión preventiva, está procesado por delitos de lesa humanidad y obtuvo la autorización para ser trasladado al country Yerba Buena Golf Club. Los vecinos le hicieron saber al juez, Daniel Bejas, que no aceptan "por peligrosa" la instalación del represor en la casa de su hijo Ricardo.

El magistrado pidió un informe socio-ambiental, entre las que figuran entrevistas con los vecinos, antes de autorizar el alojamiento de Bussi en el lugar.

El traslado de Antonio Domingo Bussi, a la casa de su hijo, el legislador Ricardo Bussi, para que cumpla arresto domiciliario, podría tropezar con el cuestionamiento realizado por vecinos del country Yerba Buena Golf Club.

La Cámara Federal de Tucumán ratificó la prisión domiciliaria del represor ex Bussi, procesado en cientos de causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

La misma instancia judicial pidió un informe socio-ambiental, entre otros puntos, antes de autorizar su alojamiento en un country, como pidió el la defensa de Bussi, la que también solicitó su alojamiento en Buenos Aires.

En ese marco, la Cámara autorizó la prisión domiciliaria, pero le ordenó al juez federal subrogante Daniel Bejas que verifique el cumplimiento de varios requisitos antes de permitir el traslado a esa finca.

Así, pidió precisiones sobre las condiciones del garante propuesto (la esposa del ex mandatario, Josefina Bigoglio de Bussi), los niveles de seguridad del lugar ofrecido para evitar una fuga y un informe socio-ambiental, médico y sicológico, entre otros puntos.

Según fuentes judiciales, consultadas por Tucumán Hoy, el magistrado recibió el pedido de los vecinos del lugar, quienes cuestionaron severamente la decisión de alojar al represor en una de las casas que componen el costoso barrio privado.

Entre los que habitan en las cercanías de la casa donde se alojaría Bussi, figuran profesionales que durante la época en que realizaban sus estudios fueron víctimas de la represión desatada en 1976, cuando Bussi ejercía su gobierno de facto. Los vecinos también le acercaron a Bejas la preocupación sobre la desvalorización de sus viviendas, con la llegada del represor. El precio promedio de las casas oscila en los $ 400.000 y los $ 500.000.

Bussi está detenido desde octubre de 2003 por la tramitación ante la justicia federal de cientos de casos sobre violaciones a los derechos humanos. Las causas, serán analizadas en el marco de la figura del “Genocidio”, tal como lo dispuso el Juez Daniel Bejas, quien lleva adelante una parte de las investigaciones.

Ahora está alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó el centro clandestino de detención y desaparición más grande de la región, y en el que efectivos del Ejercito, por disposición del Ministerio de Defensa, se realiza un trabajo especial para detectar si hay minas antipersonales en una zona donde, según testimonios de sobrevivientes,  habrían sido enterrados cuerpos de detenidos-desaparecidos.

Isauro Martínez