Así lo revela el informe semanal del IDESA. Más allá del descenso en la tasa de desempleo y los cuestionamientos sobre la veracidad de la información del INDEC hay evidencias de que los déficits laborales siguen siendo muy graves. La principal manifestación es la baja calidad de los empleos. La no registración laboral en el sector privado sigue afectando a prácticamente la mitad de los trabajadores.
Esto pone al desnudo que las políticas implementadas hasta ahora han resultado ser insuficientes.
Mientras el Presidente de la Nación enfatiza que el índice de desempleo se estaría ubicando en el orden del 7,5%, la intensificación de las manipulaciones en el INDEC está llevando a que las dudas sobre la veracidad de los datos se extiendan a los indicadores laborales.
Aunque prevalecen las polémicas que dificultan una evaluación objetiva, algunos datos recientes permiten trazar un panorama actualizado de la situación laboral.
El INDEC había adelantado que el empleo no registrado total (público y privado) fue del 41,6% en el primer trimestre del 2007. Con información difundida recientemente, es posible –previo procesamiento– profundizar el análisis de este indicador. Un dato relevante que surge es el alcance que tiene la informalidad laboral en el sector privado.
Mientras en el sector público la no registración es un problema que se produce “en el margen” –90% de los asalariados públicos está registrado–, en el sector privado es un problema masivo y de alto impacto económico y social.
Según datos de la EPH del INDEC, entre el primer trimestre del 2004 y el mismo periodo del 2007 se puede observar que:
· La tasa de desempleo se redujo desde el 14,4% a 9,8% de la población activa.
· La tasa de no registración total cayó 7,1 puntos porcentuales pasando de 48,7% a 41,6% de los trabajadores asalariados públicos y privados.
· En cambio, la tasa de no registración en el sector privado cayó 4,2 puntos porcentuales pasando de 51,6% a 47,4% de los trabajadores asalariados.
Estos indicadores sugieren que los problemas laborales se presentan en cuestiones asociadas a la calidad más que a la cantidad. Aun tomando como cierta la afirmación de que el desempleo ha disminuido al 7,5%, su valor es relativo si no se incorpora la dimensión de la calidad de los empleos. En este sentido, se observa que en el sector privado la calidad de los empleos ha mejorado en los últimos 4 años, pero muy poco.
Un segmento del empleo privado particularmente propenso a la informalidad es el servicio doméstico. Representa el 10% del empleo asalariado privado y la incidencia de la no registración alcanza al 90%. A pesar de la desgravación del impuesto a las ganancias y a las masivas campañas publicitarias, los resultados hasta ahora han sido modestos.
De todas formas, aun sin considerar a estos trabajadores, el empleo “en negro” es de 41%. Esto señala que las empresas en el sector productivo siguen apelando con mucha frecuencia a las contrataciones por fuera de las normas.
Esto es consecuencia de un exceso de confianza en instrumentos que tienen una eficacia parcial. El problema de la informalidad laboral es demasiado complejo e importante como para esperar que las soluciones surjan por el “derrame” que podría producir la recuperación económica sobre el mercado de trabajo y del poder de persuasión que pueda tener la intensificación de los controles y/o la repetición de discursos y publicidad condenando la acción de contratar trabajadores “en negro”.
Si 3 de cada 4 trabajadores “en negro” son generados por empresas con menos de 10 empleados, los incumplimientos parecen ser más una reacción a reglas que discriminan contra los emprendimientos más débiles que una decisión arbitraria de los empleadores.
Por eso, el crecimiento económico acompañado de controles y publicidad sirven, pero no son suficientes para revertir la alta propensión a operar en la informalidad.
Para avanzar hacia una sociedad mas integrada, el desafío central ahora es producir un fuerte impulso dentro de un proceso de mejora en la calidad de los empleos. Para ello, el crecimiento económico es una condición sustantiva y necesaria.
La fiscalización es muy importante y la publicidad un buen instrumento acompañante. Sin embargo, también es imprescindible incorporar como temas prioritarios de la agenda de políticas la reducción de la carga impositiva, de las complejidades burocráticas y de los factores que generan inseguridad jurídica por su elevada exposición a los juicios laborales.
Llegar al extremo de que ni los propios funcionarios se ponen de acuerdo sobre cuál es el mecanismo para calcular la indemnización por despido no es sólo una anécdota. Es uno de muchos ejemplos de normas que no contribuyen a la protección de los trabajadores pero dañan severamente la capacidad de las pequeñas empresas para operar en la formalidad. Mientras tanto, generan cuantiosos honorarios a los intermediarios de la litigiosidad laboral.
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