Bussi reivindicó el Operativo Independencia. Aseguró que todos los desaparecidos fueron muertos en combate. Alteró la historia. Faltó el respeto a los familiares de desaparecidos y a los querellantes. Y por supuesto manifestó que lo ocurrido en los 70 fue una guerra contra la "agresión marxista leninista".
"Nadie reclamó por los muertos en combate, ni siquiera los miembros de las propias organizaciones subversivas", aseguró con descaro.
La segunda jornada del juicio por la causa de un centro clandestino de detención que funcionaba durante los 70 en la ex jefatura de policía fue intensa, larga y bastante indignante para muchos. Durante más de tres horas Antonio Domingo Bussi, titular del Comando de la V Brigada del Ejército durante la dictadura militar vertió conceptos antiguos y poco creíbles. Su capacidad psíquica está intacta. Revindicó el Operativo Independencia en su totalidad. Lo argumentó teórica e ideológicamente a través de citas de diarios de la época y diversos teóricos. Faltó el respeto a los familiares de desaparecidos. A la sociedad en su conjunto al armar una historia truncada y a los abogados querellantes con ciertas bromas, propias de una cabeza occidental y cristiana.
Daba la sensación que nuevamente, como si el tiempo no hubiera pasado, o mejor dicho, como si hubiéramos retrocedido, se estaba gestando el Operativo Independencia para terminar con la rebeldía marxista leninista.
El ex titular del Comando de la V Brigada del Ejército optó por hacer uso de la palabra, según explicó, para "contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron Tucumán y la Argentina en los años 70".
"Lo hago para contribuir con mi verdad, como protagonista principalísimo de esa epopeya militar, pero también en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que, con sacrificio y coraje, han coadyuvado a salvaguardar las instituciones de la república; entre ellas, la misma Justicia", destacó Bussi.
Según el represor, el Operativo Independencia que él encabezó en los montes tucumanos "fue la respuesta constitucional e institucional del gobierno de Estela Martínez de Perón, dispuesto mediante el decreto Nº 261/75, ratificado con posterioridad por el ex presidente interino Italo Luder".
"En el marco de la guerra fría que enfrentaba a las grandes potencias, el operativo fue la respuesta militar a la agresión marxista-leninista contra la nación, llevada adelante mediante bandas terroristas, equipadas militarmente con apoyo extranjero, proveniente de Cuba, Chile y Perú, que operaban en todo el país, pero que tenía epicentro en Tucumán, objetivo inicial del comunismo internacional", subrayó Bussi.
El imputado, de 84 años, insistió: "la zona de operaciones de Tucumán, decretada un año antes del 24 de marzo de 1976, no fue establecida para llevar adelante un plan de represión, sino para la aplicación de estrategias, tácticas y técnicas en áreas del cumplimiento de la misión impuesta: combatir a la guerrilla".
A su vez recalcó que "la propia ex presidenta (Martínez de Perón), en su carácter de jefa de las Fuerzas Armadas, visitó varias veces las zona de operaciones y de esto también tomaron conocimiento obispos de la Santa Iglesia".
El genocida manifestó que "el propio ex presidente Juan Domingo Perón, el 22 de enero de 1974, después del ataque a la Guarnición Militar de Azul (Provincia de Buenos Aires), advirtió: 'estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados con fuerza para luchar contra el Estado'".
Asimismo, Bussi expresó que el dirigente radical Ricardo Balbín, en marzo de 1989, calificaba como "meritorio" el papel representado por las Fuerzas Armadas, y agregó que en 2005 el Episcopado argentino instó a "no callar los crímenes de la guerrilla entre 1973 y 1977, porque los jóvenes también deben conocer este capítulo de la verdad histórica".
En todo momento, el imputado sostuvo que, en Tucumán en los años 70, se libró "una guerra declarada por un gobierno constitucional" y agregó que, durante aquellos años, "nadie reclamó por los muertos en combate, ni siquiera los miembros de las propias organizaciones subversivas".
"A muchos de los muertos fue difícil identificar, porque fueron tragados por la espesura del monte o por las tácticas desplegadas por las propias organizaciones guerrilleras, como los cementerios clandestinos o las fosas comunes, para evitar que se conociera su identidad", dijo Bussi. Así mismo indicó que los subversivos enterraban a sus muertos en fosas comunes, les sacaban las huellas dactilares, por eso se hace difícil precisar la cantidad y quienes eran.
Semejantes afirmaciones de desprecio y falta de respeto, sumado a que según él los abogados querellantes “cobran 250 dólares por causa” produjo la indignación de familiares de desaparecidos lo que generó que algunos abandonen la sala. Sobre todo teniendo en cuenta que estas personas, se cansaron, durante años, de buscar en comisarías, hablar con jueces, entre otras cosas, sin obtener respuesta alguna sobre el paradero de sus seres queridos. Ni siquiera pudieron enterrarlos, ni saber qué les pasó.
Asimismo, señaló que, personalmente, supervisaba "el cumplimiento del reglamento militar" y agregó que, a diferencia de lo que sucede en Medio Oriente, donde los detenidos son sometidos a tortura y tormentos al límite de lo humano, aquí eran alojados en la Jefatura de la Policía y sometidos al control policial atentos a su peligrosidad". Reconociendo de este modo que existió un centro clandestino de detención en la Jefatura.
Bussi fue el primero de los imputados en hablar en el marco del juicio oral que se lleva adelante por la desaparición de 17 personas en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura militar en la ex jefatura de la Policía tucumana.
Luego de haber hablado Bussi, Laura Figueroa, una de las abogadas querellantes (representante de víctimas de la represión), pidió al titular del tribunal, Carlos Jiménez Montilla, que impida que, dada la oralidad que rige en el proceso, puedan leer algún documento los imputados, como lo hizo Bussi. Esto lo descartó el Tribunal.
También, la letrada pidió al tribunal que se prohíba que los imputados "puedan injuriar" la memoria de las víctimas o de los abogados querellantes, tras lo cual Bussi irónicamente y con una soberbia inaudita, solicitó disculpas y agregó que no había sido su intención agraviar a nadie. “Perdón no quise ofender a nadie, menos a una dama”. Algo similar exigió el querellante Lobo Bugeau. Y el represor dijo: “tampoco a los damos”. Esto generó algarabía en el público bussista que en esta jornada fue más numeroso que en la anterior. Entonces el fiscal Terraf, bastante indignado, solicitó expresamente al tribunal que cumpla con la normativa de que nadie puede emitir manifestación alguna dentro de la sala.
En la causa, están imputados, además de Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, además de los ex policías Roberto "El tuerto" Albornoz, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.
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