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AMPLIARAlgunos empresarios tucumanos operaron a favor de Vivendi

Alperovich anunció que impugnará la resolución del CIADI

El gobernador se refirió al fallo que obliga al país a pagar 105 millones de dólares al grupo francés Vivendi. Se trata de un "grave problema generado por un hombre que está preso", en referencia a Antonio Bussi, quién durante su mandato en el período democrático, rescindió el contrato de concesión de Aguas del Aconquija. El mandatario aprovechó para disparar contra los que, en 1996, votaron a favor del traspaso de la Caja Previsional de la provincia a la Nación, lo que originó el actual conflicto del 82 % móvil.

El procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, anticipó que planteará la nulidad de la resolución por "resultar de una argumentación incomprensible".

“Este es un problema que viene de atrás y que me toca a mí resolverlo, ya lo estudiaremos y le vamos a dar respuesta a los tucumanos, pero que quede claro que esto no es mi responsabilidad, sino de un hombre que hoy está preso”, afirmó en conferencia de prensa José Alperovich, al ser consultado sobre el fallo del Tribunal Internacional. El titular del PE, a su vez, adelantó que se apelará la medida.

Nuestra provincia y el grupo de telecomunicaciones Vivendi, mantienen una batalla legal desde 1996, cuando Aguas del Aconquija (subsidiaria de aquella), se retiró de una concesión de 30 años de prestación de servicios de agua y tratamiento de desechos. 

El juicio se inició a la Argentina porque fueron Francia y Argentina los que suscribieron u  acuerdo de preservación de industrias extranjeras en ambos países. Por tal motivo será la Nación (que negociará con Tucumán), la que deberá afrontar el desembolso de 105 millones de dólares. 

Un tribunal del Ciadi, compuesto por tres árbitros, concluyó que "los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria, así como el acuerdo firmado entre la Argentina y Francia para proteger las inversiones extranjeras en sus respectivos países".

Como la demandada fue la Argentina (por ser la garante de las inversiones extranjeras), el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, anticipó que planteará la nulidad de la resolución por "resultar de una argumentación incomprensible".

El año pasado se habían desarrollado las audiencias para oír a los testigos ofrecidos por las partes ante el tribunal del Ciadi, órgano dependiente del Banco Mundial (BM) que tiene su sede en Washington (Estados Unidos).

La CAA había demandado a la Argentina por más de 300 millones de dólares, porque en 1998 el gobierno de Bussi (1995-1999) decidió rescindirle el contrato de concesión del servicio que, por 30 años, había celebrado en 1995 con la administración de Ramón Ortega (1991-1995).

En 1998, la administración bussista le rescindió el contrato a la CAA, que se retiró de la provincia, luego de que una comisión legislativa especialmente creada concluyó que el contrato originario estaba plagado de irregularidades.

Asimismo, la comisión legislativa constató que, durante 20 días, salió agua turbia de los grifos de los tucumanos, pese a que la empresa había aumentado en un 100 por ciento la tarifa de la prestación del servicio público.

Tras el retiro de la CAA, el servicio quedó te a cargo del Ente Nacional Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (Enhosa) y luego de la provincial Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT), una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

María Celia Nahra