Como en años anteriores, volvemos a tomar contacto con Ud. en oportunidad de celebrar una de las principales fechas patria y según parece, será la última de su gestión. En esta ocasión, Sr. Presidente, tenemos la gran alegría y satisfacción de hacerle saber que finalmente, hace menos de un mes, se concretó un importantísimo paso dentro de los juicios que hemos comenzado ya hace tantos años, en causas que sufrieran, los avatares conocidos muy bien por nosotros y por Ud.
Así se inicia la carta entregada a Kirchner momentos antes de su retorno a Buenos Aires.
El pasado 21 de junio, en una resolución sin precedentes en la Justicia Nacional, el Juzgado Federal Nro 1, procesó y dictó prisión preventiva para un grupo de militares, tras prefigurar la multiplicidad de los delitos cometidos (allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegitima de la libertad en el marco del delito internacional de Desaparición Forzadas de Personas y homicidio calificado) en el marco de los delitos de lesa humanidad, y específicamente en el delito más grave previsto por el Derecho Penal Internacional: el delito de GENOCIDIO. Esta resolución se aplicó en relación al campo de exterminio desarrollado en la unidad militar del Arsenal Miguel de Azcuénaga e involucró, en esta etapa, 64 víctimas.
Para nosotros, familiares de desaparecidos de esta provincia en la que se lanzó un año antes el golpe dictatorial del 76, el llamado Operativo Independencia, con el que se comenzó el plan sistemático de Terrorismo de Estado, esta resolución judicial, tiene el valor simbólico ubicar a Tucumán, también en el primer lugar donde la Justicia comienza a llamar las cosas por nombre, que son los nombres que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ya les dio: genocidio, y a quienes lo implementaron, genocidas. Son ellos, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Cattáneo y Zimmerman.
Consideramos que este dictamen judicial es una bisagra en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia que encaramos los organismos de derechos humanos de Tucumán y también en el resto del país. Sin embargo es mucho lo que aun resta por hacer, pues hasta la fecha no hay indicios de que se vayan a realizar los juicios orales que es el objetivo más preciado por quienes estimamos que la sociedad dará un importante salto cualitativo en lo político y en lo institucional, cuando finalmente, que acabe con treinta años de impunidad para los graves crímenes del terrorismo de Estado.
Y es por ello que seguimos afirmando que el Poder Judicial tiene un rol relevante en el desarrollo de una sociedad democrática.
También queremos comentarle, Sr. Presidente, que finalmente, en febrero pasado comenzó a funcionar en el ámbito del Juzgado Federal 1, la secretaría Ad Hoc que se encarga exclusivamente, de los casos de violaciones de derechos humanos del Terrorismo de Estado. El planteo sobre su implementación se lo hicimos en nuestras entrevistas de los anteriores dos 9 de Julio y obviamente, estamos un poco más tranquilas ahora. Afortunadamente, su funcionamiento permite agilizar los procedimientos, aunque aun falta mucho de infraestructura y de personal idóneo (solo se sumaron, en la práctica, tres personas más y siguen siendo muy pocos los recursos materiales) y hay aun unas 600 causas en trámite.
Le informamos asimismo, que aun restan ajustes, por ejemplo, en la causa Pozo de Vargas (muy conocida por Ud.), a cargo del Juzgado del Dr. Mario Racedo; es muy poco lo que se ha avanzado desde nuestra última entrevista, a pesar de que había dinero para proseguir con las excavaciones. Al parecer un desacertado manejo de la papelería administrativa no permitió que se prosiguiera con la excavación. Desde hace más de un año, los Familiares sabemos que es muy poco lo que resta por extraer (nosotros le hicimos llegar una carpeta con la información cuando Ud. estuvo en el acto de La Perla, en Córdoba) para poder llegar hasta donde estarían los restos de muchos desaparecidos. Aún seguimos esperando.
Con relación al presente, queremos también reiterarle nuestra preocupación (planteada el años pasado) por la deficitaria actuación de la justicia provincial que ha generado que un importante número de ciudadanos deban continuar con la manifestación y la protesta para reclamar justicia pues miembros de su familia han sido victima de delitos de diferentes índoles pero éstos aun siguen impunes. A los muy conocidos casos de Marita Verón y Paulina Lebbos, se suman otros que han ganado la opinión pública. El año pasado llegaban a unos 60 casos; en el presente, esa suma alcanza unos cien casos.
Por otro lado, y desafortunadamente, Sr. Presidente, tenemos que expresarle nuestro desconcierto y obviamente, nuestro profundo reparo y rechazo por la promulgación de la ley relacionada a las asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo. Como ya lo expresaran oportunamente otras organizaciones de derechos humanos con las cuales coincidimos, las leyes no se sancionan para un período determinado, para un gobierno específico o para una coyuntura sino para regir durante mucho tiempo las conductas de los ciudadanos. En determinadas circunstancias, con diferentes gobiernos y en ciertas coyunturas pueden ser utilizadas para fines para los que no fueran creadas. Esta norma es sumamente peligrosa. La historia de los últimos 40 años en este país nos permiten pensar si la sociedad y su dirigencia tendrán la suficiente madurez para no usar esta ley en contra de nuestro pueblo, cuando éste quiera manifestar su lucha por ataques a los intereses populares.
Sr. Presidente, lo saludamos con toda consideración,
Por Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC):Virginia Sosa, Marta Ceridomo, Reneé Ahualli, Antonia Barone, Raquel Zurita, Mabel Monteros, Sara Holmquist, Marta Rondoletto, , Margarita Jiménez, Marta López, Faride Salím de Adris, Diego Reynaga, Balbina López, Isabel Moreno, Vilma Ribero, Silvia López, Juana Tártalo, María Romero, Muñoz, entre otros.
MADRES DE PLAZA DE MAYO – Sara Mrad
Marta Rondoletto: San Lorenzo 1666 – 0381 156404902
Marta Gómez: Miguel Lillo - 0381 4332333
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