AMPLIAREl histórico edificio del Mercado del Norte

20/02/2009 - En General

Con el progreso como argumento se pretende eliminar al Mercado del Norte

A catorce meses de iniciado el conflicto por el desalojo del Mercado, las partes casi no han dialogado y trasladaron sus controversias a la Justicia. En el medio llueven las especulaciones sobre el incierto futuro de uno de los emblemas citadinos del patrimonio arquitectónico. Escribe Juan Villarrubia.

Diagnóstico aproximado de este conflicto.

Hace catorce meses comenzó el conflicto por la desocupación del Mercado del Norte.

Para resumir, diremos que las fuerzas en tensión son dos: la Municipalidad que quiere desalojar a los puesteros y estos que no se quieren ir.

Cada parte tiene sus razones. A decir verdad, atendibles, pero solo porque de los dos lados hay incumplimiento de las condiciones pactadas.

Las dos principales y polémicas ordenanzas en juego son la Nº 2.815/1998 y la Nº 3.308/2003. La segunda es modificatoria de la primera. Ambas pecan por no ser suficientemente claras y exhaustivas. Vicios que, sumados a la negligencia y testarudez de ambas partes, dieron como resultado este conflicto sin fin a la vista.

Posturas enfrentadas

La Municipalidad y un importante sector del Concejo Deliberante fundan su posición en que los plazos de la primera ordenanza ya están vencidos. Por lo tanto, cabría el desalojo de los puesteros. Sobre todo, teniendo en cuenta que no se cumplieron las obras de mantenimiento y mejoras que estipulan los mencionados instrumentos legales.

Los puesteros consideran que el "contrato marco" firmado luego de la segunda ordenanza, en 2003, los habilita a ocupar los locales hasta 2010. También sostienen que la Municipalidad nunca ejerció ningún tipo de control sobre el proceso de mantenimiento, ni instaló, como era su obligación, el local Anexo de la Dirección de Rentas en el predio del Mercado para que realicen los depósitos correspondientes.

Certezas

Ninguna de las partes cumplió con sus obligaciones.

Las ordenanzas no aclaran desde qué momento se empieza a contar el plazo de ocupación. Si desde la sanción de la primera en 1998 o desde la perfección del “contrato marco” en 2003.

Por estas razones, ambas posturas son, de alguna forma, atendibles.

Pero, por otro lado, nada justifica la serie de amenazas de ambas partes que tomaron, lamentablemente, estado público, ni la falta de diálogo entre los actores en juego.

La Municipalidad anunció el desalojo desde un año antes del supuesto vencimiento de los plazos, en enero de 2008, sin ejercer jamás el poder de policía sobre las obras que le adjudicaron las ordenanzas. De hecho, el primer instrumento jurídico que recibieron los puesteros fue la notificación de desalojo, hace menos de un mes.

Mientras tanto, en perfil de compadritos, los funcionarios municipales anticiparon grandes proyectos en el inmueble y predicaron en los medios de comunicación el inminente desahucio de los mercaderes.

La reacción de la patota del mercado fue: “no nos vengan a querer sacar por la fuerza porque vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Estamos armados y aquí correrá sangre”.

Pero los comerciantes, es cierto, dijeron en todo momento que se someterían a la decisión de la justicia porque consideran que tienen “derecho” a permanecer en el mercado. Mientras tanto, resistirían a cualquiera que quiera sacarlos por las malas. En este punto, el derecho los ampara. En sentido contrario, no se explica la intención y dichos de los gobernantes municipales que debieron se más prudentes porque tienen más responsabilidad.

Otras consideraciones

Nadie niega que el mercado necesita mejoras. Por lo cual, es oportuno que quienes lucran en su interior reinviertan en el predio parte de sus ganancias para brindar, cada vez, un mejor servicio, que cumpla con todas las condiciones sanitarias y bromatológicas que correspondan.

Tampoco se puede objetar que los puesteros abonan un canon muy bajo. Los alquileres en las zonas aledañas son mucho más caros. Sin embargo, también hay que preguntarse si los estos alquileres no están sobrevaluados y si los puesteros no deberían tener un privilegio que se traduzca en mercadería a valores más accesibles. Siempre considerando que el Mercado es propiedad del Estado y puede cumplir una función social al ofrecer precios bajos.

Tampoco se debe dejar de lado el importante valor cultural y arquitectónico que implica la conservación del Mercado del Norte.

Lo malo de la situación es que nadie cumple con su palabra, ni con los contratos que suscribe. Esto no es más que una simple manifestación de un rasgo característico de nuestra cultura: la falta de cumplimiento sistemática de las normas de todo tipo.

Todos quieren sacar provecho de cada circunstancia usando la ‘aclamada’ “viveza criolla”, que consiste en violar la ley.

Siguiendo esta lógica, nadie cumple la ley y nuestra sociedad se convierte en un caos. Los puesteros quieren sacar provecho del mercado sin invertir lo que corresponde y los políticos -no es novedad- quieren aprovechar su condición para hacer negociados. En este caso, instalar un moderno centro de compras.

¿Se puede justificar en el progreso la eliminación del Mercado?

Un moderno shopping, emblema del ‘progreso’, será accesible solo para quienes tengan mayor poder adquisitivo.

Los gobernantes poco se preocupan del importante rol social que cumple el mercado al poner a disposición de los menos pudientes productos a precios bajos. 

Por eso, en el microcentro de una ciudad cualquiera es necesario contar con una alternativa económica para quienes deben viajar desde las zonas suburbanas para trabajar. En todo caso, quienes tienen más posibilidades, si no quieren quedarse en uno de esos centros populares, que hagan uso de ellas y se trasladen hacia donde quieran.

En fin, nadie piensa en “el otro” y, en particular, parece que “nuestros” gobernantes siempre piensan en los mismos.

Juan Villarrubia