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La espera que aniquila a los bosques

El desmonte trae consigo otro mal: la falta de control que cobró fuerza ante la inexistencia de un marco legal que los proteja. En ese contexto, en noviembre de 2007 fue sancionada la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la moratoria en los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos, para planificar de manera participativa su uso sustentable. Además, prohíbe el otorgamiento de permisos para desmontes. (Ver: “Por el palpitar del manto boscoso”. APM 19/10/2007)

En su artículo 42, la Ley dispone 90 días para su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional. “Ha pasado un año y el reglamento no se hizo. Esto es una clara violación de la ley. Ante esta falta es que se sigue desmontando en la Argentina. Y cada semana se derriban más de cinco mil hectáreas de bosques nativos. Y sin reglamento no hay multas que aplicar”, explica el diputado Miguel Bonasso (oficialista y actualmente alejado del Gobierno argentino), autor de la ley.

Entre ese entretiempo de sanción y reglamentación, durante el cual los desmontes siguen su curso, “la situación es complicada para analizar”, asevera Gabriel Seguezzo. “Esto es así porque debido a la aceleración de las presentaciones y autorizaciones, los días previos a la sanción de dicha ley generó mucha confusión”, agrega.

En efecto, en 2007, durante el final de su mandato como gobernador de Salta, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 478 mil 204 hectáreas de bosques nativos, cifra que se suma a las 300 mil hectáreas desmontadas durante 2006, según datos de la secretaría de Política Ambiental de esa provincia.

El dato llamativo es que el ex gobernador Romero otorgó esos permisos a grandes grupos económicos en el lapso que medió entre el tratamiento en Diputados de la Ley de Bosques que se produjo en noviembre de 2006, y la sanción definitiva del Senado, el 28 de noviembre de 2007.

Seguezzo manifiesta que, en la actualidad, se suceden tres situaciones. En primer lugar se contemplan los desmontes que en principio estarían en regla y podrían hacerse. En segundo lugar, las autorizaciones dudosas de su legitimidad, que por lo tanto no se pueden considerar aprobadas. Y por último, los permisos directamente ilegales, por tener vicios administrativos serios.

“Frente a este panorama, y aprovechando la confusión general, en muchas áreas de la provincia continúan los desmontes, aprovechando la falta total de capacidad de control por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Política Ambiental de la provincia. Cabe recordar que no hay política ambiental posible sin capacidad de control efectiva”, refiere Seguezzo.

El 28 de noviembre de 2007 no sólo se cumplió un año de la promulgación de la Ley 26.331 y de los plazos de reglamentación, sino que también caducaron los topes de tiempo para los Ordenamientos Territoriales. El Ordenamiento Territorial significa zonificar las distintas áreas de bosques nativos que existen en una provincia. En Salta fueron señaladas zonas con alto nivel de conservación.

La Ley indica que el Ordenamiento Territorial debe ser participativo para todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas. El cacique wichi Oscar Lorenzo admitió que fueron convocados, pero que la reunión sólo fue informativa e insuficiente.

De acuerdo a Lorenzo, en ningún momento se habló sobre la delimitación del territorio, sobre “qué queda para nosotros, y solamente se habló de los sectores que se pueden desmontar”.

“Nos damos cuenta que no hay nada para nosotros”, se lamenta Lorenzo y se pregunta “¿para qué nos llevan si ellos son los que manejan y deciden todo?”.

“El año de la moratoria ha concluido y no todas las provincias han realizado su ordenamiento territorial. Esto podría dar pie a que los vivos que nunca faltan argumenten que se acabó el tiempo de veda y que pueden volver a desmontar alegremente”, expresó Bonasso en un artículo publicado el 30 de noviembre en el diario argentino Crítica.

Desde la Redaf creen que la Ley de Bosques constituye un avance para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales después de la Ley 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal, sancionada en septiembre de 1948. “El poder legislativo ha cumplido su rol, sin embargo, es el poder ejecutivo quien está en deuda pues cumplido un año, todavía no está la reglamentación- pronuncian en Redaf- Esto genera matices en las interpretaciones a la hora del Ordenamiento Territorial en cada provincia”.

Por otro lado, la organización agroforestal revela que tras algunas reuniones con el ingeniero Carlos Merenson, director Nacional de Ordenamiento Territorial y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría de Medioambiente de la Nación, el funcionario admitió que hay obstáculos políticos de parte de algunas provincias para la reglamentación.

En esa línea, el titular de Fundapaz agrega que la principal traba para reglamentar la ley e impedir más desmontes, es política “dada por una concepción de desarrollo que no contempla esta forma de vida y muy relacionado con el negocio, ya sea agrícola, ganadero, inmobiliario”.

Cabe destacar que cuando el proyecto de Ley de Bosques obtuvo media sanción en Diputados, el Senado le incorporó una cláusula con el propósito de crear un fondo especial para las provincias, de mil millones de pesos, destinado a otorgar compensaciones a los productores a los que se les impedía realizar nuevos desmontes. Sin embargo, el autor de la ley asegura que en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2009 no hubo ninguna partida destinada a la implementación de la Ley de Bosques.

Mientras tanto, la Ley espera su reglamentación, el monte espera un nuevo genocidio, pero los indígenas no esperan. Resisten, exigen y se movilizan porque el monte es vida, alimento, trabajo e identidad de los pueblos originarios. Luchan contra una matriz ideológica de un modelo económico que ve al bosque como un montón de árboles, posibles de convertir en un montón de dinero, posibles de exterminar a un pueblo y su cultura. La lucha de los wichi s es el grito del monte por no desaparecer.