Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARLa soja los está matando

Cuando la soja quita vidas

La colectividad wichi de Argentina es amenazada por el avance de un monocultivo que arrasa la tierra. Resisten y exigen un marco legal que respete su territorio y cultura ancestrales. Por Victoria Romero. Desde la Redacción de APM

La soja los acorrala, los alambra y los enfrenta ante un peligro ancestral como su origen: el exterminio.

La comunidad wichi, la única y última cultura recolectora-cazadora que pervive en Argentina, pide auxilio ante el avance del desmonte por el monocultivo de la soja.

El trazado de alambrado significa que nos están quitando vida. Nosotros vemos que nos quedamos sin vida, porque a nuestros alimentos los están arrasando las empresas que explotan los montes”, dice Juan Vega, cacique de la comunidad Pozo Nuevo, en un llamado de auxilio que los wichi hacen a la comunidad nacional e internacional.

Pozo Nuevo es un paraje ubicado sobre la ruta 86, a 35 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta. Allí, la deforestación sojera alambra el bosque, vital para la supervivencia de la cultura y el hábitat de las culturas recolectoras y cazadoras. Esos hechos cuentan con el consentimiento del gobernador Juan Manuel Uturbey, perteneciente al espacio que conducen el ex presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández.

A unos kilómetros de Pozo Nuevo, la tragedia se repite. En la comunidad wichi de El Escrito, sesenta familias resisten la expulsión de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance sobre el pueblo. “Nos quieren obligar a que nos vayamos”, insisten los wichi de El Escrito. Los pueblos de El Traslado y Zopota, viven el mismo suplicio, son testigos del aniquilamiento de sus tierras.

“Esto demuestra una vez más que no somos escuchados y que el gobierno provincial viola todos los derechos constitucionales y legales que los papeles dicen que tenemos pero que hasta hoy nadie respeta”, afirman representantes de las Comunidades de la cuenca del río Itiyuro en una nota enviada el 23 de noviembre a organismos nacionales y provinciales.

Casi 40 mil argentinos son wichis. Constituyen la segunda comunidad indígena más importante del chaco salteño, en el nordeste del país, de acuerdo a datos de la Red Agroforestal Chaco-Argentina (Redaf) organización civil sin fines de lucro que trabaja junto a comunidades indígenas y campesinos en la defensa de los recursos naturales. Su principal sustento es la caza, la pesca y la recolección de diversos frutos del monte.

En ese contexto, Gabriel Seguezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), en una entrevista para APM, observa que, al tratarse de comunidades recolectoras-cazadoras, “sus relaciones con el monte, los ríos, los animales, las plantas se dan desde una visión muy particular, en la cual el monte es la vida, porque, sostienen, allí vivo, como, crío mi familia, me muevo libremente. Por lo tanto no es posible la vida de un wichi sin el monte”.

“Somos concientes que el entorno ha cambiado enormemente y hoy están rodeados de la civilización blanca, lo que los limita enormemente en sus libre movimiento”, añade Seguezzo.

“Pero si bien esto es cierto y las comunidades deben tener procesos de adaptaciones para convivir con los blancos, esa adaptación no es posible llevarla hasta el extremo de eliminarles el monte; su fuente de vida y relación con la naturaleza”, apunta.

Por esa razón, el reclamo indígena busca que se les reconozcan sus tierras para resguardar el monte que les queda y poder ejercer el derecho a elegir su forma de vida. Frente a un proceso de avance de la frontera agropecuaria y la compra y venta ilegal e irregular de tierras, la única forma que tienen las comunidades de tener ciertas seguridades y tranquilidad es que el Estado les reconozca la titularidad de sus territorios.

Como sus ancestros, resisten y luchan. Desde el 2004 que reclaman por sus tierras. En 2006, presentaron una acción legal ante el Juzgado Federal de Orán para la demarcación de las áreas que tradicionalmente ocupan. Hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta. Además, denuncian que los permisos de desmonte otorgados en 2007 son irregulares, porque no se garantizó su participación. Las audiencias se hicieron en lugares alejados, sin difusión y no se tradujeron los informes a su lengua, para que pudieran comprenderlos.

El 10 de diciembre pasado, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas agrupadas en la Mesa de Tierra marcharon hacia la sede del gobierno provincial, para exigir acciones concretas en garantía de sus derechos. Esa acción se sumó a la decisión de frenar ellos mismos las topadoras y denunciar al gobernador Uturbey por “genocidio en grado de tentativa”.

En noviembre, los caciques Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez se dirigieron a la comisaría 42 de Tartagal y denunciaron al gobernador Uturbey de genocidio, por considerar que su accionar violaba los postulados constitucionales de la Nación y de la Provincia, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes originarios.

En la presentación se afirma que los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro se encuentran sujetos a un programa de desmonte masivo, por parte de particulares, avalados por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.

“Al momento de esa denuncia, más de ocho topadoras ya han volteado gran parte del monte, sobre todo en áreas de algarrobales, chaguar y caza de animales. Las topadoras están sobre tierras que utilizan las comunidades para recoger nuestra alimentación” , dice el texto de la denuncia mencionada.