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AMPLIAROrganismos de Derechos Humanos rescataron el rol de la Justicia

Para los Organismos de Derechos Humanos el procesamiento por genocidio es un hecho histórico

Los organismos de derechos humanos de Tucumán, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, H.I.J.O.S, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, aseguraron que la Justicia comienzan a llamar las cosas por su nombre, que son los nombres que la sociedad ya dio: genocidio y a quienes lo implementaron, genocidas.

También recalcan que la resolución del Juez Federal Daniel Bejas es una confirmación de la lucha iniciada desde hace años por los familiares de los detenidos desaparecidos.

Los organismos de derechos humanos de Tucumán, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, H.I.J.O.S, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, mediante un comunicado difundido ayer, manifestaron “el beneplácito”, por las medidas adoptadas por el Juzgado Federal n 1, que determinó en una resolución, sin precedentes en la Justicia Nacional, proseguir en la línea adoptada para las indagatorias sobre los hechos aberrantes cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y se procesó por crímenes realizados en el marco del Delito Internacional de Genocidio a Bussi, Menéndez, Cattaneo y Zimmerman, los principales responsables de la implementación del plan sistemático de exterminio montado por la última dictadura.

La Justicia comienza a llamar las cosas por su nombre, que son los nombres que la sociedad ya dio: genocidio y a quienes lo implementaron, genocidas.  El documento, que lleva las firmas de) – Virginia Sosa, Marta Rondoletto, Marta Góme, Raquel Zurita. por FADETUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán, María Coronel y Julia Vitar (HIJOS), Estela Assaf (APDH) y Sara Mrad “Madres de Plaza de Mayo”, Tucumán, rescatan que en el dictámen, se prefiguró la multiplicidad de los delitos cometidos (allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegitima de la libertad en el marco del delito internacional de Desaparición Forzadas de Personas y homicidio calificado) en el marco de los delitos de lesa humanidad, y específicamente en el delito más grave previsto por el Derecho Penal Internacional: el delito de GENOCIDIO.

“Es así  es como debe quedar establecido en el discurso jurídico y las condenas a los culpables de tan aberrante crimen”, señalan.

También rescatan que la resolución judicial reconoce que las victimas eran consideradas como partes de grupos los cuales, el Terrorismo de Estado buscó "destruir". Así el concepto de grupo, fue construido por los propios represores  quienes nominaron  y decidieron quiénes serian los que integrarían el grupo objeto de la persecución y aniquilamiento.

 “Los tucumanos sabemos quienes fueron las víctimas de este plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y muerte, según la voluntad genocida, fueron  los trabajadores, los militantes populares, los sindicalistas, los estudiantes, los profesionales, los pequeños comerciantes, los jóvenes, en fin, a todos aquellos que se opusieran o pudieran oponerse a los objetivos del proyecto político encarado por la dictadura militar”, continúa el documento.

“El dictamen sostiene que el plan genocida tuvo sus inicios y su puesta en marcha con el Operativo Independencia, el que se lanzó en Tucumán, un año antes de que se diera el golpe de Estado de 1976. Considerar y señalar este momento en toda su dimensión, es poner las cosas en su lugar y llamarlas por su nombre”, señalan. “Consideramos que este dictamen judicial es una bisagra  en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia que encaramos los organismos de derechos humanos de Tucumán. Al respecto queremos recalcar la lucha militante de los abogados por los derechos humanos, quienes a partir de sus convicciones, estudiaron, profundizaron y impulsaron una nueva concepción para el derecho penal, en conjunción con la constitución y el Derecho Internacional, en especial, la abogada Laura Figueroa, que cumplió en esta lucha, en su ejemplo de tenacidad y convicción militante, un rol fundamental en la contienda judicial por la verdad,  la justicia y la memoria”.

Los organismos de DDHH aseguran que continúan sosteniendo que el Poder Judicial tiene un rol relevante en la construcción democrática por ello esta resolución de la justicia federal constituye un hito en la búsqueda de la construcción de una memoria histórica de los hechos del pasado, que refleja cabalmente lo sucedido en Tucumán en el periodo comprendido entre 1975 y 1983. Estos hechos constituyeron un GENOCIDIO y así es como debe quedar establecido en el discurso jurídico y en las condenas a los culpables de tan aberrante crimen”.

Isauro Martínez