La Universidad Nacional de Tucumán informó que se está desarrollando un reglamento disciplinario para alumnos, que además de fijar sanciones y hasta la expulsión en casos de faltas graves, posee artículos que garantizan los derechos de los estudiantes a recibir asistencia letrada, derecho a descargo y a apelar resoluciones, además de que prohíbe la discriminación política, racial y religiosa, entre otros puntos. Réplica a ADIUNT
El reglamento se encuentra desde el 16 de abril a consideración de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, donde será analizado y modificado hasta llegar a ser aprobado por el órgano superior de la UNT.
El tema cobró notoriedad ante las supuestas irregularidades descubiertas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (denunciadas por la Universidad) y ante declaraciones del gremio ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores), que acusó ayer a la Universidad de poner en vigencia un reglamento "de la época del proceso militar" y que "atenta contra la autodisciplina".
"Las mentiras, el oportunismo político y el vicio de oponerse a todo -aun sin siquiera conocer aquello que se critica- no le aportan nada positivo a la Universidad. Por el contrario, cuando se repiten sistemáticamente desde ciertos sectores llevan a pensar que hay quienes albergan intereses opuestos a los de la comunidad educativa", señaló José Hugo Saab, secretario General.
El funcionario indicó que la UNT es la única casa de altos estudios nacional del país carente de tal reglamentación y destacó que la misma "viene a llenar un vacío legal que no es positivo para los estudiantes ni para la institución, ya que donde no hay normas claras se deja lugar a las libres interpretaciones y posibles abusos".
El director general de Asuntos Jurídicos y autor de la iniciativa, Augusto González Navarro, señaló que el reglamento al que alude Adiunt se aprobó el 11 de junio de 1976 y se derogó en 1983. "El proyecto tiene un espíritu completamente opuesto, es una ofensa que se lo compare, ya que el primero establecía artículos manifiestamente contrarios a la democracia y éste los garantiza", señaló el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
"El artículo 27 –señaló el profesional- fija textualmente que en ningún caso se considerará conducta sancionable la actividad política estudiantil con miras a la libre expresión de ideas y puntos de vista, ni las peticiones o reclamos formulados ante las autoridades universitarias, en tanto se lleven a cabo por los canales democráticos de participación y sin recurrir a la violencia o coacción".
Las autoridades señalaron que el proyecto sigue los canales institucionales correspondientes y ayer se entregaron copias a miembros de la Federación Universitaria de Tucumán y de agrupaciones políticas estudiantiles, mientras se aguarda la concreción de una reunión con los consejeros y representantes estudiantiles interesados.
Faltas
El proyecto prevé la sanción con apercibimiento o suspensión de hasta un año de los alumnos que incurriesen en falta de respeto a docentes o a alguna autoridad universitaria. También serán amonestados los que hagan uso del famoso "machete"; y habrá sanción de uno a tres años para quienes afrenten a miembros de la comunidad universitaria o participen en actos que dificulten el funcionamiento de los órganos democráticos de la Universidad. Finalmente, se expulsará a quienes falsifiquen actas de exámenes, asientos de la libreta universitaria y/o cualquier otro papel con el propósito de atestiguar haber aprobado una materia.
Saab, por su parte, remarcó "el desconocimiento manifiesto de Adiunt, que se opone a la iniciativa pese a no conocer el proyecto". "En sus manifestaciones reparten un reglamento que fue vetado en 1976. Esto es ni más ni menos que desinformar a la comunidad universitaria, algo que resulta especialmente doloroso en estos tiempos en que se investiga para echar luz sobre casos de falsificaciones de notas", finalizó.
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