Mediante un comunicado organizaciones civiles pidieron al Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos la emergencia de las personas con discapacidad por educación y continuidad educativa en los distintos niveles.
Texto completo presentado en la Defensoría del Pueblo de Tucumán
Los que suscriben, personas con discapacidad y referentes de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos humanos, elevan la presente con motivo de solicitar que se tomen de manera inmediata y en calidad de urgente, ante la proximidad del inicio escolar, las medidas pertinentes, ante la vulneración de derechos al acceso a educación de las personas con discapacidad en los distintos niveles (Primario, Secundario y Terciario).
En la Cumbre Global de Discapacidad de América Latina y el Caribe 2022, al referirse a Progresos y Desafíos de la Educación inclusiva; Silvia Bersanelli docente experta en la temática y Militante de los derechos de las personas con discapacidad expuso:
“En Argentina, el 51% de los estudiantes con discapacidad aún se encuentran fuera del sistema de educación común. Haber avanzado en la normativa, no resuelve la segregación. Tampoco garantiza el proceso hacia una educación inclusiva”.
En la Provincia de Tucumán, el 73% de los estudiantes con discapacidad todavía se encuentran en espacios segregados y el otro 27% en las escuelas comunes pero en muchos casos sin apoyos y ajustes razonables como debería brindarlo el estado provincial.
Las personas con discapacidad intelectual ingresan a los 3 o 4 años a la escolaridad; cuando inician la escolaridad primaria, generalmente se detecta en base al rendimiento común, la diferencia en el aprendizaje, se recomienda a los padres que el niño o la niña sea enviada a la escuela niveladora, una vez nivelada la curricula, continua siendo dificultoso puesto que las adaptaciones y ajustes no son brindados como corresponderían, lo que resulta un fracaso escolar. Los estudiantes son derivados a la escuela especial donde finalizan con un SEISE a los 27 o 30 años, sin posibilidades de continuidad puesto que no reciben título o acreditación de saberes que les permita ingresar al nivel terciario. De esta manera quedan fuera del sistema educativo luego de haber transitado su vida en él. La capacitación recibida tampoco les garantiza la inserción laboral. Por lo que también quedan excluidos del sistema laboral. Algunas personas o sus familiares optan por los centros de días donde los contienen hasta los 50 años aproximadamente y de allí en caso de no tener familia a los geriátricos. Pasando sus vidas institucionalizadas o en otros casos reducidos a la mendicidad.
El Presidente Alberto Fernández expreso en su discurso:
…….Nosotros tenemos que hacer del 2022 el año de la educación….
Cabe destacar que la Educación es un derecho contemplado en nuestra Carta Magna, en la ley Nacional 26206, Ley 26378 Convención Internacional de los Derechos de Las Personas con discapacidad. Y es el Estado, los gobiernos, ministerios y demás instituciones que deben garantizar el cumplimiento de las mismas y la no vulneración de derechos.
Sin otro particular, nos despedimos saludándolo atentamente
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