03/09/2008 - Juicios

Comisión de DDHH del Colegio de Sicólogos pide cárcel común para los genocidas

No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por las consecuencias del desarrollo y conclusión del primer Juicio Oral por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia, dice un comunicado de la entidad.

Como trabajadores de Salud Mental que acompañamos a personas víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, sabemos de las profundas heridas que aún no cicatrizan; no sólo en las víctimas directas, sino en el tejido social todo, que sufrió el impacto del terror.

Agregan que "sabemos también que la posibilidad de iniciar un proceso de reparación se encuentra en el único acto de Justicia posible: el establecimiento ante la sociedad de la verdad histórica del terrorismo de Estado y la sanción del justo castigo a sus responsables.

Acto de Justicia que no admite dubitaciones, a riesgo de desdibujarse subsumido en la impunidad imperante desde hace 33 años.

Sabemos –ya no hay asomo de la menor duda– que el acto de Justicia debe ser ejemplificador, sin contemplación de privilegios. Debe mostrar a la sociedad la verdadera dimensión del horror cometido por los perpetradores; único modo de comenzar a contrarrestar los efectos de la impunidad.

Impunidad que es el corolario de construcción de las prácticas sociales genocidas. Impunidad que –al decir del Instituto Interamericano de Derechos Humanos– “supone la constitución de un sujeto cínico, para el que la transgresión de la Ley se incorpora como parte del mandato de una nueva ley de carácter simbólico que podría calificarse de obscena: el mandato de realizar atrocidades sin consecuencia, de acceder a beneficios a toda costa y sin ningún remordimiento (...) entonces promueve una nueva moral que no sanciona la violencia, que tiene un impacto destructivo en el tejido social al proponer nuevos valores, códigos y simbolismos en la convivencia, que posibilitan la persistencia de la impunidad misma”.

La Justicia –penal, ética e histórica– sirve para restañar los lazos y vínculos de solidaridad y confianza, que fueran seriamente dañados por un Estado terrorista que, abandonando su rol fundamental de ser organizador de las relaciones sociales garantizando legalidad y legitimidad, vulneró los derechos fundamentales de toda la población, destruyendo el tejido social.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE TUCUMÁN