29/08/2008 - En General

Tucumán figura en el Informe 2008 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado

Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos de trata de personas se desarrollan dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución.

El turismo sexual infantil es un problema, especialmente en la zona de la triple frontera. Asimismo, las mujeres y niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes, a México y Europa Occidental con fines de explotación sexual.

 

Informe 2008 sobre Trata de Personas

Publicado por la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas

4 de Junio de 2008

(traducción no oficial)

ARGENTINA (Categoría 2- Lista de Observación)

Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos de trata de personas se desarrollan dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución. El turismo sexual infantil es un problema, especialmente en la zona de la triple frontera. Asimismo, las mujeres y niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes, a México y Europa Occidental con fines de explotación sexual. Las mujeres y niños extranjeros, principalmente provenientes de Paraguay, Brasil y la República Dominicana son trasladados hacia Argentina con propósitos de explotación sexual comercial. Argentina también constituye un lugar de tránsito para las mujeres y niñas extranjeras trasladadas hacia Chile, Brasil, México, España y Europa Occidental con fines de explotación sexual comercial. Una cantidad significativa de ciudadanos bolivianos, peruanos y paraguayos son ingresados al país para realizar trabajos forzados en talleres clandestinos, en agricultura y servicio doméstico. Informaciones esporádicas han sugerido que un número creciente de inmigrantes chinos puede ser ingresado en el país con fines de explotación laboral en supermercados de propiedad de ciudadanos de origen chino.

Los casos informados de trata de personas han aumentado en Argentina, lo cual puede deberse a una creciente concientización pública sobre esta cuestión como así también a la mayor cantidad de personas que migra hacia el país, algunas de las cuales son vulnerables a la trata.

El gobierno argentino no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; no obstante ello, lleva a cabo esfuerzos significativos en este sentido. Si bien se ha observado cierto progreso, Argentina permanece en la Categoría 2 de la Lista de Observación por tercer año consecutivo debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas; particularmente en términos de proveer asistencia adecuada a las víctimas y reducir la complicidad oficial en este tema; en especial a nivel provincial y local. Si bien el Congreso demostró avances al aprobar legislación nacional muy necesaria y sin precedentes contra la trata de personas, algunas ONG han manifestado preocupación con respecto a la posibilidad de que la nueva legislación pueda resultar limitada en términos de proveer adecuada protección legal para las víctimas adultas de la trata y

castigo apropiado para los responsables de este delito. No obstante, los funcionarios gubernamentales manifiestan poseer las herramientas legales necesarias para enfrentar los delitos de trata de personas a nivel nacional. La implementación y asignación inmediata de recursos para la nueva legislación contra la trata debería colaborar con los esfuerzos gubernamentales.

Recomendaciones para Argentina:

Aplicar firmemente todas las disposiciones de la nueva ley federal contra la trata de personas, intensificar y acelerar los esfuerzos para procesar a los tratantes, aumentar los esfuerzos de investigación, procesamientos y condena de funcionarios públicos que facilitan la trata, incrementar la asistencia y protección de las víctimas y mejorar la recolección de datos relacionados con delitos de trata. A fin de responder a las críticas sobre la nueva ley nacional, implementar dicha ley de manera de dejar claro que los fiscales no necesitan probar la falta de “asentimiento” o “consentimiento” por parte de las víctimas adultas de la trata además de la existencia de los elementos constitutivos de la figura penal o, si esto fuera imposible, revisar la ley a tales efectos, en concordancia con los requisitos del Protocolo de la ONU del año 2000 sobre la Trata de Personas.

Procesamiento

El gobierno produjo avances en sus esfuerzos de aplicación de leyes contra tratantes durante el período informado. En abril de 2008, el Congreso de Argentina aprobó una ley nacional sin precedentes a los fines de prohibir todas las formas de trata de personas y estipulando penas de tres a quince años de cárcel. Las penas mencionadas son lo suficientemente severas y fueron mayores a las previstas para otros delitos graves como la violación. No obstante, algunos representantes de ONG han cuestionado el alcance de esta nueva ley a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de Argentina en virtud del Protocolo de la ONU del año 2000 sobre la Trata de Personas; en particular, con respecto a la penalización de delitos de trata contra víctimas adultas. Son de especial interés las disposiciones que distinguen entre delitos cometidos contra víctimas de 18 años o menores y delitos contra víctimas adultas; lo que para algunos se interpreta como que en este último caso los fiscales deben proporcionar pruebas de que las víctimas adultas no “consintieron” la trata. No obstante lo expuesto, durante el período informado, y debido a la ausencia de una ley nacional, la mayoría de los casos relacionados con la trata tramitaron judicialmente a nivel provincial y aún así los conflictos de competencia entre autoridades federales y locales obstaculizaron la capacidad de Argentina para condenar y castigar a algunos tratantes. En septiembre de 2007, la ciudad de Buenos Aires legisló sobre la trata de menores a nivel local, de manera de poder juzgar dichos casos dentro de su ámbito de competencia, y se establecieron unidades policiales especializadas contra la trata en las provincias de Tucumán y Santa Fe. En diciembre de 2007 se desarticuló un programa contra la trata lanzado por el Ministerio de Justicia en julio de 2007, que será reemplazado por un nuevo programa nacional para combatir la trata de personas y que

entrará en vigencia con la implementación final de la nueva ley nacional contra la trata de personas.

Los funcionarios gubernamentales no pudieron proporcionar datos ni información completa sobre los procesamientos contra tratantes durante el año 2007; la falta de promulgación de una ley nacional contra la trata de personas impidió la recolección de datos y estadísticas a nivel nacional y dificultó la evaluación de los esfuerzos argentinos en el combate de la trata de personas. No obstante ello, datos circunstanciales obtenidos de informes periodísticos y entrevistas con funcionarios provinciales indican que los gobiernos provinciales dispusieron al menos 10 condenas relacionadas con casos de trata durante el período informado, con sentencias que oscilaron entre 4 y 17 años de cárcel; lo cual revela un aumento en los esfuerzos en comparación con datos del año anterior. En junio de 2007, tribunales de Córdoba condenaron a tres hombres y dos mujeres acusados por su involucramiento en reducción a servidumbre, promoción de la prostitución y abuso sexual. Los acusados recibieron condenas de prisión. En diciembre de 2007, tribunales de Misiones condenaron a cinco acusados de promover la prostitución infantil como parte de un negocio familiar; los acusados fueron condenados a penas de prisión que oscilaron entre tres y seis años. Asimismo, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires continuaron con una serie de investigaciones relacionados a casos de trata y aún se encuentra pendiente la acusación formal en diversas causas. En Buenos Aires, los fiscales continúan investigando una causa internacional en la que están involucradas ocho mujeres dominicanas que habían sido introducidas en un burdel después de promesas de trabajo como mozas; la policía allanó el lugar en febrero de 2007 después de que una de las mujeres fuera hospitalizada y denunciara su explotación. En octubre de 2007, la policía investigó una denuncia por parte de una joven víctima y detuvo a seis hombres y tres mujeres en la provincia de Buenos Aires sospechados de abuso sexual y prostitución de menores de entre 4 y 17 años de edad. Las personas detenidas eran parientes de los menores e incluían a los padres, tías y tíos. Una víctima acusó a los sospechosos de filmarla mientras se la explotaba sexualmente y de distribuir luego el material; asimismo, denunció que sus padres organizaban “fiestas sexuales” en las que se sometía a los menores a explotación sexual por parte de miembros de la familia y otros “clientes”.

En diciembre de 2007, la policía y fiscales argentinos cooperaron con las fuerzas de seguridad de Bolivia al detener al propietario de un taller clandestino acusado de violar una niña de 12 años y forzarla a trabajar; aún se encuentra pendiente la acusación formal. En febrero de 2008, autoridades judiciales abrieron un proceso contra ocho sospechosos de haber operado una red de prostitución infantil; la causa involucró la muerte de un niño de 12 años. Asimismo, los fiscales continuaron investigando la complicidad policial y de funcionarios en un caso en el que 37 mujeres fueron rescatadas de un burdel en la provincia de Chubut. Se presentaron acusaciones formales contra dos ex policías, cuatro ex funcionarios públicos y dos propietarios de burdeles; si bien sólo los dos propietarios permanecen bajo prisión preventiva. Según organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, existe complicidad por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del país en las actividades

de trata de personas. La gran mayoría de estas denuncias han sido realizadas contra las fuerzas provinciales en comparación con las nacionales. Se ha informado sobre funcionarios de policía que poseen burdeles o que brindan protección a tratantes a cambio de coimas, servicios sexuales, alimentos y bebidas alcohólicas. Durante las inspecciones regulares por parte de la policía a cabarets y bares, algunos funcionarios pasan por alto potenciales situaciones de trata (y víctimas) o advierten a los propietarios de burdeles de operativos policiales inminentes. Otros funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad locales han intimidado o sobornado a testigos para cambiar su declaración. Debido al nivel de corrupción informado en muchas fuerzas policiales provinciales, algunos jueces han ordenado que las fuerzas federales llevaran a cabo inspecciones a bares, en lugar de utilizar a la policía local.

Protección

El gobierno ha realizado esfuerzos insuficientes para asistir a las víctimas durante el período informado y dependió de las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales para brindar la mayor parte de la asistencia a las víctimas de la trata. El gobierno no cuenta con refugios para las víctimas de trata de personas y un pequeño centro de este tipo que existía en Puerto Iguazú cerró debido a la reducción de los fondos provistos por el gobierno. Las oficinas gubernamentales derivan a las víctimas de trata a otros refugios, en la medida que haya espacio disponible. La calidad y nivel de la atención brindada a las víctimas varía según la provincia. A nivel nacional, la oficina del Procurador General de la Nación coordinó la política de asistencia a las víctimas y ofreció a aquéllas que deseaban iniciar acciones contra los tratantes acceso a tratamiento médico y psicológico, asistencia letrada y derivación a otras fuentes de ayuda. En abril de 2007, el gobierno amplió una línea telefónica de asistencia para denunciar casos de violencia y asistir a las víctimas de la trata, a través de la cual se derivaron más de 100 denuncias a la Procuración General de la Nación. Las autoridades de Argentina alientan a las víctimas a colaborar con la investigación y tramitación de la causa contra los tratantes pero algunas víctimas son renuentes a hacerlo debido a la vergüenza o temor de represalias por parte de los tratantes. A través de una mayor capacitación para la policía y fiscales y jueces en técnicas sensibles de interrogación de víctimas se alentaría a las víctimas a enfrentarse y denunciar a los tratantes, al tiempo que se les brinda más apoyo gubernamental o a través de las ONG durante los procesos judiciales. En el mismo sentido, establecer un programa seguro de protección a testigos, conforme lo dispone la nueva ley contra la trata de personas, sería de ayuda para todas las gestiones relacionadas a la tramitación de la causa. Durante el período informado, el gobierno nacional brindó ayuda limitada a las ONG que trabajan para erradicar la trata de personas. El gobierno no identificó en forma sistemática y proactiva a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables como por ejemplo, mujeres prostituidas en burdeles o detenidas por delitos. Se registraron informes sobre víctimas que fueron enviadas a la cárcel o que fueron sancionadas de algún otro modo por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido objeto de la trata. Si bien el gobierno no otorga una visa formal para víctimas de trata de origen extranjero, en general estas víctimas no son deportadas. Además, los ciudadanos de Estados miembro del MERCOSUR o

estados asociados pueden obtener residencia temporaria en Argentina en virtud de la ley de inmigración argentina.

Prevención

El gobierno ha continuado con las actividades de prevención durante el período informado. En octubre de 2007 se dictó un decreto provisorio del poder ejecutivo para coordinar los esfuerzos contra la trata de personas por parte del gobierno nacional y organizaciones no gubernamentales, proporcionar asistencia a las víctimas y establecer una línea telefónica de atención en el ámbito nacional; entre otras medidas. Estas reformas dispuestas por el ejecutivo deberían entrar en vigencia con posterioridad a la implementación de la ley nacional contra la trata de personas. El gobierno ha brindado apoyo a una campaña de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) contra la trata de personas, exhibida en la televisión pública y en un circuito cerrado de televisión en los subterráneos de Buenos Aires en la que se advierte a los ciudadanos sobre los peligros de la explotación sexual y laboral. Uno de los spots explicaba cómo los “clientes” de burdeles pueden informar sobre supuestas actividades relacionadas con la trata de personas. En un esfuerzo por reducir la demanda de servicios sexuales a cambio de dinero, la ciudad de Buenos Aires y la OIM siguen implementando una campaña publicitaria titulada: “Sin Clientes No Hay Prostitución”. Asimismo, el gobierno proporcionó material informativo a cámaras locales de turismo, en particular, en la zona de la triple frontera, para prevenir el turismo sexual infantil. La Ciudad de Buenos Aires continuó con la campaña de prevención contra la explotación laboral titulada: “Trabajo Esclavo Mata”. La campaña informa sobre un sitio en Internet y una línea telefónica a través de los cuales los ciudadanos pueden brindar información sobre supuestos talleres clandestinos. Gracias a una mayor cobertura por parte de los medios y a los esfuerzos por parte de las ONG y el gobierno, la concientización pública con respecto a los peligros de la trata de personas en Argentina parece estar en aumento.