El oficialismo de la Cámara de Diputados analizaba anoche los cambios propuestos por la oposición en torno al proyecto de ley de movilidad jubilatoria, lo que obligaría a que el tratamiento del tema en el recinto se postergue hasta la semana próxima.
La idea de la bancada que preside el santafesino Agustín Rossi, es no realizarle mayores modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que la posibilidad de llevar el tema al recinto podría demorarse.
Sin embargo, aún resta definir el grado de consenso existente dentro del oficialismo y saber quiénes serán los aliados que acompañarán en la votación.
En caso de que se asegure una buena recepción entre propios y aliados, el oficialismo intentará emitir dictamen mañana y llevar el proyecto al recinto el próximo jueves.
El presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámarabaja, Juan Carlos Díaz Roig (Frente para la Victoria) reiteró que su intención es emitir dictamen de comisión en un plenario que se realizaría mañana, pero que aún no fue confirmado oficialmente.
En este caso, y si la oposición decide ceder en algunas de sus propuestas, el proyecto se podría debatir entre mañana y el jueves en el recinto. Aunque desde varios partidos anticiparon que hay temas "como la fórmula", en los que no están dispuestos a resignar posiciones.
El proyecto del Poder Ejecutivo establece la posibilidad de fijar por ley un mecanismo de aumento en los haberes jubilatorios, tomando como base los ingresos de recaudación de la Seguridad Social y la evolución del nivel general de salarios de los trabajadores en actividad.
La decisión de avanzar en la cuestión de la movilidad se enmarca en la política oficial que se inició con los aumentos en los haberes mínimos, continuó con la libre opción, a lo cual se suma ahora esta norma que permitirá a los jubilados mantener actualizados sus ingresos.
Las propuestas de modificaciones realizadas por la oposición se terminaron de definir en una reunión de una subcomisión de Previsión que se realizó en el edificio anexo con la presencia de varias organizaciones de jubilados.
Los diputados de Solidaridad e Igualdad, de la Coalición Cívica, del radicalismo, del socialismo, de partidos provinciales y algunos justicialistas, elaboraron un texto que presentaron al presidente de la comisión en el que enumeran los puntos de diferencia con el proyecto del Poder Ejecutivo.
Entre los principales, piden que no se incluya a los docentes y a los científicos en el nuevo sistema de movilidad, por ser estas actividades que gozan de regimenes especiales.
Solicitan también que no se incluyan las sentencias judiciales existentes sobre el tema de los haberes, por tratarse las mismas de una cosa ya juzgada.
Consideran importante incluir la Prestación Básica Universal en la movilidad y fijan la misma en un porcentaje del haber mínimo o del salario mínimo.
En cuanto a la determinación del haber de los futuros jubilados, piden actualizar los salarios con el RIPTE, es decir con el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables y no con el de estos más lo de los trabajadores informales, como propone el oficialismo.
El grupo de trabajo encabezado por los diputados María América González (SI) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), solicitó también que la fijación del haber mínimo esté en el 82% del salario mínimo vital y móvil, con previa recomposición de todos los haberes previsionales vigentes para lograr la reconstrucción de la pirámide jerárquica.
Dicen que hay que eliminar variables que tengan relación con la recaudación, pero aclaran que, de haberlas, debe garantizarse la no disminución del haber.
En uno de los puntos en los que sí parecen dispuesto a ceder, los diputados de los principales partidos de oposición, piden la aplicación trimestral de la ley a partir de su sanción.
Por último, consideran que se debe declarar la intangibilidad del fondo de sustentabilidad. (Télam).
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