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Marcharon para exigir políticas públicas contra el femicidio en Tucumán

Representantes de diferentes organizaciones sociales y feministas, se movilizaron, este miércoles, frente a tribunales penales para exigir respuestas al Estado por la abundante cantidad de femicidios que se registra en el país y en la provincia.

El asesinato de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que murió en manos de su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez. reavivó los pedidos de respuestas concretas para evitar más muertes de mujeres. Al igual que Paola Tacacho, Úrsula había denunciado a su expareja en más de una ocasión por violencia y la justicia no tomó cartas en el asunto para prevenir el femicidio.

Según el Registro Nacional de Femicidios en Argentina una mujer muere cada 22 horas como consecuencia de la violencia machista. Ya son 44 los femicidios  y a ellos se suman 16 intentos fallidos en lo que va del 2021.

Bajo la consigna "El Estado es Responsable", se recordó a todas las víctimas de violencia machista, y se exigió al Gobierno nacional la declaración de la  Emergencia Ni Una Menos.

 Desde el feminismo hicieron hincapié en que Úrsula, realizó denuncias previas a su atacante y se encontraba amenazada de muerte. "Sin embargo, la desidia policial y judicial una vez más dieron lugar al femicida para moverse cómodamente, violentar y luego matar una mujer con total impunidad", denunciaron ante un nuevo femicidio que sacude a la opinión pública por los padecimientos que sufrió la víctima, quien no obtuvo respuesta alguna ante sus denuncias. 

De acuerdo al último informe del Observatorio MuMaLá el 12% de los femicidios al 31 de enero de este año, fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados. Además, el 20% de las víctimas de femicidios habían realizado denuncias previas.

 Además de exigir Justicia por Úrsula y por todas las víctimas de femicidio y trans travesticidios, entre las demandas al Estado elevadas por el movimiento de mujeres, se sumó el pedido  por una vida libre de violencias, la articulación entre los tres poderes y niveles del Estado; el monitoreo y seguimiento de los instrumentos e instituciones que debe garantizar Acceso a la Justicia del Poder Ejecutivo y Judicial; la implementación y seguimiento de los protocolos al interior de las fuerzas de seguridad ante situaciones de violencia de genero ejercida por sus agentes; el Registro Único de Situaciones de Violencia de Género; inversión en dispositivos electrónicos para agresores; asistencia económica para personas en situación de violencia de género y organizaciones que acompañan en territorio; e implementación y monitoreo de la Ley Micaela y Educación Sexual Integral. 

Carta al Presidente de la Nación Argentina

 En la carta, expresan que la violencia de género es un problema estructural en el país, que se profundizó en el contexto de la pandemia. "A casi seis años del surgimiento del movimiento #NiUnaMenos, cuando la sociedad salió masivamente a las calles con un grito de hartazgo frente a los femicidios, su expresión más extrema, volvemos a gritar 'Basta de violencias machistas, basta de femicidios'", exponen.

Además, marcan la muerte evitable de Úrsula como un nuevo punto de inflexión y solicitan que la violencia por razones de género sea “un tema prioritario del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales y municipales pero, sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias y desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”.