24/08/2008 - En General

Unidad de acción contra la impunidad de los represores

Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes, la complicidad empresarial entre ellas Ledesma, condiciones ilegales de detención y robo de bebés en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Organismos de derechos humanos de Salta, Jujuy, Tucuman, Santiago del Estero y Catamarca solicitan el cese de la impunidad y proponen la realización de una Jornada Nacional de presentaciones, el 10 de septiembre, en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. El documento sostiene que "la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos".

Documento

Esa impunidad a la que siempre se combatió en la larga y tenaz lucha por mantener vigente la consigna de juicio y castigo y la búsqueda de la verdad, aún antes del inicio de la dictadura militar en 1976.

Este curso de acción que fue atravesado por el golpe feroz de los indultos a los genocidas, dictados por Carlos Menem, que se sumaron a las leyes de impunidad, sancionadas en los primeros años de la democracia.

La Masacre de Capilla del Rosario, perpetradas el 11 y 12 de agosto de 1974, es un didáctico ejemplo de esa impunidad.

En aquellos días fueron fusilados 16 integrantes de la Compañía del Monte del ERP-PRT que se entregaron con vida tras un frustrado intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.

La causa se reinició en diciembre de 2004, a instancia de familiares y de organismos de derechos humanos regionales, a través de los abogados Guillermo Díaz Martínez, y de Martín Fresneda y Claudio Orosz, ambos de H.I.J.O.S de Córdoba.

La construcción de la memoria es una tarea colectiva y social; garantizar la Justicia es responsabilidad de los poderes del Estado.

Por esa razón señalamos lo que sucede con el Defensor Oficial Oscar Del Campo que ha garantizado una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años.

Los militares retirados Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, residente en San Salvador de Jujuy, y Carlos Nakagama, quien vive en la Capital Federal, entre otros imputados, son los beneficiarios del accionar de Del Campo.

En un trabajo de 36 páginas, pergeñó una retahíla de cuestionamientos ideológicos para ponerle un cepo que ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones en Tucumán. Habla allí de hipotéticos enfrentamientos, descalifica los testimonios y niega los crímenes de lesa humanidad, entre otros puntos.

No obstante, en su poder, así como en el de todos los funcionarios de la justicia federal intervinientes en la causa, están los protocolos de las autopsias realizadas en agosto de 1974 que demuestran que los 16 fueron fusilados cuando ya habían depuestos las armas.

En cuanto a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, no se puede soslayar que tiene una causa abierta, al igual que varios integrantes de la policía jujeña, por un hecho ocurrido en octubre de 2003.

Carrizo Salvadores, quien por entonces se desempeñaba como jefe de la Policía Provincial, ordenó la represión de una movilización de trabajadores desocupados, que terminó con la vida de Luis Marcelo Cuellar, quien murió en la calle, y Cristian Gabriel Alvarez, quien falleció estando detenido en una comisaría.

Los diarios provinciales y nacionales se hicieron eco de las declaraciones del juez Argentino Juárez, a cargo de la causa, respecto que Cuellar "recibió un solo disparo y no tres" como se denunció.

Esta situación llevó al entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, a exigirle la renuncia. ¿La causa? Bien, gracias.

En cuanto a las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad, en Tucumán, más de medio millar de represores están en la lista de espera. Jujuy no le va en zaga y los escasos represores imputados como Carlos Néstor Bulacio y Donato Arenas disfrutan del arresto domiciliario, mientras Rafael Mariano Braga está con arresto en el cuartel RIM 5.

En Salta, el espejo de la impunidad es el militar retirado Hugo Espeche, uno de los imputados por el fusilamiento de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976 en Palomitas, un episodio que fue fraguado como un enfrentamiento. A los 58 años, a Espeche se le otorgó arresto domiciliario no en esa provincia, sino en Chubut donde montó una empresa de seguridad.

Santiago del Estero es otra muestra irrefutable de la pasividad o, diríamos mejor, de la complicidad judicial.En estas provincias no hay  un solo condenado y la elevación a juicio oral es una utopía.

En este contexto, exigimos la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, el punto final biológico será una realidad.

Proponemos además, entre otras acciones, que se concrete el 10 de septiembre una Jornada Nacional de presentaciones en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. Es que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos.

Finalmente, hay que decir que este documento está hecho con la pasión y los sueños de los que ya no están físicamente entre nosotros. Por ellos hacemos nuestra una de las consignas de esos bellos y trágicos años 70: Unidad en la acción.

 

Capilla del Rosario, Catamarca, 16 de agosto de 2008

 

HIJOS Salta, Jujuy, Tucumán.

Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Ex Detenidos Políticos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero; APDH Santiago del Estero, Cátedra Libre de Derechos Humanos Universidad Nacional de Santiago del Estero, Derechos Humanos y Sociales del MOCASE-Vía Campesina.

Asociación Civil Familiares de Desaparecidos de Tucumán, APDH Tucumán, Madres Tucumán, Asociación Ex Presos Políticos de Tucumán.

Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta; Comisiones de Derechos Humanos de Metán, Orán, Cafayate, Tartagal; Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet",  Movimiento Defensa Indígena de Oran; Derechos Humanos del MOCEP; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta.

Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de la Provincia de Jujuy, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta

Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Catamarca, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad  Nacional de Catamarca y Grupos de Apoyo a los Juicios en Catamarca.

Red de Noticias Derechos Humanos