La intención del oficialismo es avanzar entre martes y miércoles con el dictamen favorable del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que establece una fórmula mixta para la actualización de los haberes jubilatorios que comenzará a regir en marzo próximo.
Fuentes parlamentarias no descartaron que si se llega a un consenso amplio con la oposición el proyecto se pueda debatir esta misma semana en el recinto de la cámara baja.
De acuerdo al cronograma diseñado por el oficialismo, el proyecto será
analizado el martes por la comisión de Previsión Social que preside el
kirchnerista formoseño Juan Carlos Díaz Roig y el miércoles ese cuerpo
se reunirá con juntamente con la de Presupuesto para avanzar en el
dictamen.
"No se trata de que sea un triunfo político aunque
sea por unanimidad si cuando se ejecute no satisface a los jubilados o
no es una ley útil", explicó Díaz Roig a Télam, al confirmarla
intención del oficialismo de avanzar la semana próxima en el proyecto.
En
el marco de la ronda de consultas organizadas por la comisión, los
diputados escucharon la opinión del ministro de Trabajo de la Nación,
Carlos Tomada, el titular de ANSES, Amado Boudou y representantes de la
CGT y la CTA en torno a la iniciativa.
Tras esas consultas y
una vez iniciado el debate del proyecto, acordaron crear una
subcomisión encabezada por la diputada opositora María América
González, que trabaja para encontrar puntos en común entre los
diferentes bloques parlamentarios.
"Acá todo es discutible,
siempre que lleguemos al máximo acuerdo. Me dijo Tomada que esas son
las instrucciones de la presidenta" Cristina Fernández de Kirchner,
aseguró el diputado formoseño.
Desde el radicalismo, el
titular de esa bancada, Oscar Aguad, no descartó que ese bloque
respalde finalmente el texto oficial, al sostener que "no se puede
exigir al Estado más de lo que puede" y afirmó que "la caja tiene que
tener prevalencia" aunque dijo que la UCR analizará su postura el
martes.
El proyecto del Ejecutivo establece la posibilidad de
fijar por ley un mecanismo de aumento en los haberes jubilatorios,
tomando como base los ingresos de recaudación de la Seguridad Social y
la evolución del nivel general de salarios de los trabajadores en
actividad.
La decisión de avanzar en la cuestión de la
movilidad se enmarca en la política oficial que se inició con los
aumentos en los haberes mínimos, continuó con la libre opción, a lo
cual se suma ahora esta norma que permitirá a los jubilados mantener
actualizados sus ingresos.
Los últimos aumentos dispuestos por
el gobierno nacional fueron de 7,5 por ciento en marzo y otro tanto
desde este mes de julio aunque no se descarta que antes de la puesta en
marcha de la movilidad pueda disponerse un nuevo ajuste.
De
esta manera, y con la nueva ley, se busca reemplazar a la impulsada por
el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que derogó la movilidad
automática de las jubilaciones y el ajuste de los haberes en función de
los salarios.
También, con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo
aspira a hacer lugar al planteo de la Suprema Corte de Justicia a
través del fallo judicial conocido como caso "Badaro", un constructor
naval jubilado que estuvo catorce años sin mejoras en su ingreso.
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