El abogado de las 23 familias que denunciaron a dos sacerdotes españoles por "reducción a la servidumbre y defraudación". Omar Gebruers anunció hoy que formulará una denuncia ante la justicia Federal, por considerar que es un caso de trata de personas.
"Hemos tomado la decisión, junto a los 23 familiares de víctimas de esta secta Servi Trinitatis, que funciona en Santa Rosa, de presentar una denuncia penal ante el Juzgado Federal, porque estamos ante la presencia del delito de trata de personas", anunció a la prensa local.
Gebruers comentó que esta causa, caratulada en la justicia provincial como "reducción a la servidumbre y defraudación" y que involucra a dos curas españoles que están al frente de la secta, "hoy, por la nueva ley vigente, se convierte en una causa federal porque estamos ante la presencia del delito de trata de personas".
"Trata de personas, explicó, es cuando hay sometimiento de personas mayores o menores a efectos de obtener un rédito económico, a veces con el ejercicio de la prostitución y otras, con trabajo lícito como el que realizan las víctimas, pero cuya remuneración está destinada a sus captores, como en este caso".
El letrado hizo estas declaraciones a la prensa minutos antes de formular una presentación judicial, para recusar a la jueza Florencia Maza.
La recusación obedece a que "hemos incorporado un nuevo hecho que habría ocurrido cuando la doctora estaba al frente de la causa, y vamos a ver si el tribunal acepta la comparencia de una testigo, que recibió una llamada de la jueza para que no agregue una prueba", comentó.
También destacó la angustia y preocupación de los familiares de las jóvenes que aún se encuentran dentro del instituto Servi Trinitatis, dirigido por los dos curas imputados, "porque las chicas siguen sometidas, viviendo en el senáculo, a disposición plena y absoluta de sus apropiadores".
Los imputados en esta causa son los curas españoles Antonio Martínez Racionero, muy cercano al ex obispo de La Pampa, monseñor Adolfo Brédice, y Ricardo Latorre Cañizares.
Gebruers denuncia que existe, de parte de los curas, una "reducción a la servidumbre" a las jóvenes católicos que están internadas en ese instituto católico, que funciona a pocas cuadras del centro santarroseño, a quienes "se les anula la voluntad para apropiarse del dinero de sus miembros".
Las jóvenes que pasan por ese instituto y que son reclutadas por los sacerdotes de la Iglesia Catedral, no se atienden con médicos varones, no pueden acercarse a otras personas a menos de un metro, abrazarse con sus padres ni pueden caminar por el centro de la ciudad para no desear hacer compras y están obligadas a entregar el dinero que ganan en sus trabajos y sus tarjetas de créditos.
"Los familiares tienen temor de que si los curas se van del país se lleven consigo a algunas de sus hijas a España, porque cuentan con el pasaporte de sus víctimas, éstas no tienen acceso a sus documentos, mail o cartas que se les envía, sumado a ello a que siguen recaudando lo que les genere su trabajo", siguió.
El abogado agregó que en la causa "hay informes psicológicos, tenemos un informe clínico de una de las víctimas, con daños irreversibles, atrofias en el aparato reproductivo, depresión y una predisposición al suicidio y ésta situación, se repite en cada una de las personas que están sometidas por esta secta".
Para ser miembros de ésta secta los aspirantes deben realizar "votos de pobreza, castidad, obediencia y fidelidad al Papa"; a las internas se las castiga por supuestas inconductas y no les permiten ingerir alimentos dulces para suprimir la actividad de una feromona que estimula la voluntad.
También tienen prohibido tomar té o café, porque son estimulantes, no comen quesos ni yogur porque tienen calcio, sólo consumen fiambres de baja calidad; no pueden hablar de cuestiones personales, sólo de religión y no deben realizar compras los domingos por tratarse del "día del señor".(Télam)
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