04/08/2008 - En General

Salta: Jueces del NOA piden políticas para víctimas de violencia

Jueces del Noroeste Argentino solicitaron políticas públicas coordinadas entre los poderes del Estado para la protección de víctimas de violencia familiar, durante un encuentro en Salta. Los magistrados destacaron la necesidad de contar con personal policial capacitado en violencia familiar; el asesoramiento jurídico de la víctima y la implementación de métodos modernos de gestión en los juzgados.

 

Además de la posibilidad de utilizar la mediación.

"La protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado", sostiene el documento aprobado tras las deliberaciones de este fin de semana en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, a 175 kilómetros al sur de la capital provincial.

Fuentes del Poder Judicial de Salta informaron que este documento se elaboró en el marco de las deliberaciones de la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino, con jueces del Fuero de Familia.

La reunión, encabezada por la jueza de la Corte de Salta, María Garros, que es titular de la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del NOA, sirvió para iniciar una ronda de análisis de la situación de los distintos fueros a nivel regional.

Además estuvieron los jueces de Corte Guillermo Catalano, de Salta; Eduardo Llugdar, de Santiago del Estero; y Claudia Sbdar y Antonio Estofán, de Tucumán, y los jueces salteños de primera instancia Víctor Soria, Marta Maturana, Adriana Martorell, Daniel Canavoso, María Vargas, Cristina Barberá, y Leonardo Araníbar.

También participaron sus pares Nilda Teresita del Valle Tamer, de Santiago del Estero, y Silvia García Zavalía, Carlos Torino, Sara Valverde y María Elisa Villafañe, de Tucumán.

Según el documento emitido, la protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado, que se traduzcan en una tarea de prevención, con personal especializado del Poder Ejecutivo, en las áreas de educación, salud y acción social.

Asimismo, la atención del problema en la justicia debe estar "a cargo de un juez comprometido con la problemática social y dispuesto a ejercitar su imperio a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en protección de la víctima".

Entre las conclusiones, los magistrados destacaron la necesidad de contar con personal policial capacitado en violencia familiar; el asesoramiento jurídico de la víctima y la implementación de métodos modernos de gestión en los juzgados, además de la posibilidad de utilizar la mediación. (Télam).