Se trata del primer juicio oral y público por violaciones a lo derechos humanos durante la dictadura militar,en Tucumán, en el que los imputados son Bussi y Menéndez. En la sesión inicial se escucharán los cargos y el miércoles comenzarán los testimonios de los 27 testigos. Acto en Arsenales.
Si todo se cumple como lo diagramó el Tribunal Oral Federal, se conocerá la resolución final el próximo 28 de agosto.
En las audiencias de debate, que comenzarán mañana a las 9.30, a los militares
retirados les imputarán los delitos de violación de domicilio y
violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos
reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del
ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse,
desaparecido en 1976.
Cuando el 27 de diciembre de 2007 dispuso
la elevación a juicio de la causa, el juez federal Daniel Bejas
concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso
real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de
genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional.
El
diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de la víctima, aseveró a Télam que "esta causa es emblemática, porque pulveriza de manera
contundente la infame teoría de los dos demonios, habida cuenta de que
era un senador provincial, sin antecedentes penales, profesor
universitario, sin participación en ninguna facción beligerante durante
esos años".
El legislador insistió: "el único pecado de mi padre
fue oponerse al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y haber llevado
adelante una investigación desde una comisión legislativa por
irregularidades en la Policía provincial, que luego fue amparada
impunemente por el gobierno de facto de Antonio Bussi".
"Difícilmente,
algún defensor de los represores pueda seguir sosteniendo en el futuro
que, entre 1976 y 1983, se vivió una guerra civil. Esto es una muestra
de que el 24 de marzo de 1976 se inició una dictadura con objetivos
políticos y económicos, además del exterminio de quienes se oponían al
régimen", subrayó el diputado.
Con la llegada el sabado a la noche, de
Menéndez, procedente de la cárcel de Bower (Córdoba), donde cumple una
condena de reclusión perpetua (en está alojado en los ex
Arsenales Miguel de Azcuénaga), los dos imputados se encuentran en
Tucumán, ya que Bussi cumple detención domiciliaria en la casa de un country de Yerba Buena.
Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde, encabezará hoy un acto en la puerta de los ex
Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde dejará inaugurado un monumento que
recuerda que en el lugar funcionó un centro clandestino de detención
durante la dictadura militar.
Personal del Ejército, por orden
de la Justicia Federal de Tucumán, lleva adelante en el predio de la
unidad militar -ubicada en las afueras de la capital tucumana- un
desminado (de artefactos de guerra) para luego poder investigar si en
el sitio fueron enterrados restos de víctimas de la dictadura militar.
También
hoy un profesional del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación examinará a Bussi para determinar si se encuentra
en condiciones físicas de asistir a las audiencias de debate, que
tendrán lugar tres veces por semana hasta el 28 de agosto (tienen que
declarar 27 testigos).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Tucumán, que juzgará a los represores habilitó un espacio especial
-próximo a la sala de deliberaciones- para que Bussi o Menéndez puedan
seguir desde allí las alternativas del juicio si así lo quisieran o si
no se encontraran en condiciones físicas de estar presentes.
Los
magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi
juzgarán a Bussi y a Menéndez, que están imputados en otras 600 causas,
a raíz de que el primero, entre 1976 y 1977, estuvo al frente de la
Quinta Brigada de Infantería de Tucumán, que dependía del III Cuerpo de
Ejército, con asiento en Córdoba, que encabezaba el segundo.
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