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El Tribunal que juzgó a Menéndez aseguró que "los delitos están acreditados"

El presidente del Tribunal Federal 1, Jaime Díaz Gavier, sostuvo hoy que a Luciano Benjamín Menéndez y a los otros siete represores "se les aplicó la pena que corresponde, porque la comisión de los delitos fueron acreditados", al referirse a los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro jóvenes militantes políticos, ocurridos en 1977.

Mediante acuerdo de la totalidad de las partes, el tribunal resolvió obviar la lectura de las 454 carillas de los fundamentos, que demandaría más de 8 horas, y consecuentemente se entregó copias certificadas.

El tribunal, integrado por Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, se constituyó a las 12.30 en la última audiencia del juicio que había comenzado el 27 de mayo para dar a conocer los fundamentos de la sentencia condenatoria, pronunciada el 24 de agosto, para la totalidad de los imputados.

Mediante acuerdo de la totalidad de las partes, el tribunal resolvió obviar la lectura de las 454 carillas de los fundamentos, que demandaría más de 8 horas, y consecuentemente se entregó copias certificadas.

Díaz Gavier, luego del breve trámite procesal, dialogó con la prensa acreditada y destacó que en los fundamentos está "ratificada la decisión del tribunal", porque "la evidencia nos dice que se trataba de un sistema establecido para secuestrar, obtener información y la desaparición física de las personas, con el cual se trataba de no dejar huellas".

En ese sentido precisó que "se analizaron y valoraron las pruebas-testimoniales y documentales- a través de distintos indicios con el cual se puede llegar a reconstruir un hecho, aunque ese hecho no se lo haya visto, para luego determinar necesariamente quien necesariamente debió hacerlo y no otra persona".

"Nadie vio a (Adolf) Hitler matar judíos, es decir que aunque no hay pruebas directas se puede reconstruir, concatenar, hasta llegar a una conclusión, como lo hizo este tribunal que ha considerado acreditada la comisión de los delitos y la pena aplicada es la que corresponde", añadió Díaz Gavier.

Durante la dictadura militar "se han violentado derechos significativos de una comunidad a través del odio racial, político y religioso que el Estado tiene la obligación de juzgarlos por tratarse de delitos de Lesa Humanidad y que son reconocidos en el orden internacional como imprescriptibles", dijo en otro tramo del diálogo el titular del tribunal enjuiciamiento.

Al referirse al régimen de cárcel común dispuesto para todos los condenados, el magistrado sentenció que "es la regla que toda persona condenada por un tribunal tiene que cumplir la pena en un establecimiento carcelario del Estado", no obstante dijo que "hay excepciones por cuestiones de edad y enfermedad que deben ser acreditadas y evaluadas".

Hace una semana los jueces sentenciaron al general Menéndez (81); el suboficial principal Luis Manzanelli (69); el suboficial mayor Carlos (61); el suboficial mayor Oreste Padován (61) y el agente civil de inteligencia Ricardo Lardone (65), a prisión perpetua por los delitos de ’privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio’, todos calificados y en concurso real.

El suboficial principal Carlos Vega (79) fue sentenciado a 18 años, en tanto que el coronel Hermes Rodríguez (75) y el capitán Jorge Acosta (62) recibieron pena de 22 años y en los tres casos por la ’privación ilegítima de la libertad y tormentos’, ya que ninguno fue imputado por el homicidio.

Todos los condenados se encuentran alojados en el complejo penitenciario provincial de Bouwer, ubicado a unos 18 kilómetros de la capital de Córdoba, ya que el tribunal resolvió revocar todos los beneficios de prisión domiciliaria y excarcelación con el que habían llegado al juicio.

Durante el próximo fin de semana Menéndez será trasladado a Tucumán para afrontar, junto a Domingo Bussi, otro juicio que comenzará el próximo martes 5 de agosto.

En los próximos días los defensores oficiales solicitarán la ’prisión domiciliaria’ de Lardone y Vega por las enfermedades terminales que padecen, ambos con cáncer, y el tema central es evitar un perjuicio contra la dignidad humana, precisaron a Télam fuentes allegadas a los letrados.

Mientras tanto los defensores de todos los imputados anticiparon que comenzarán a analizar los fundamentos para elaborar la estrategia con el cual recurrirán, en casación, las sentencias condenatorias.

Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, fueron las víctimas de esta causa denominada ’Brandalisis’, quienes fueron secuestradas entre los días el 6 y el 8 de noviembre de 1977 en la capital de Córdoba.

Luego de más de un mes de torturas y tormentos en centro clandestino de detención de La Perla, dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército que estaba a cargo de Menéndez, el 15 de diciembre fueron acribillados en un simulacro de enfrentamiento que se montó en Colón y Sagrada Familia de esta ciudad.

Los restos de Palacios fueron recuperados de una fosa individual del cementerio San Vicente, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense ya recuperó otras 13 identidades de personas desaparecidas durante la dictadura.