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ONG responde a declaraciones de un juez

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil Anticorrupción expresaron su preocupación por las inquietantes afirmaciones emitidas por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid, quien se encuentra subrogando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9.

El magistrado había cuestionado la labor de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por esclarecer casos de corrupción.

La causa en cuestión es la iniciada contra la empresa Ferrovías que llegó a recibir, en el  2004, subsidios mensuales por 17.8 millones de pesos. En su fallo del 20 de mayo, Aráoz de Lamadrid hizo una “observación personal” en la que manifestó: “Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones como las que representan los señores letrados peticionantes, considero que las mismas pretenden constituirse en una suerte de “controladores” de la actividad de los jueces (sólo requieren intervenir en causas particularmente notorias; luego solicitan acceder a nuestras declaraciones juradas patrimoniales; y en ocasiones promueven investigaciones contra los jueces, que ellos entienden que han obrado mal, ante el Consejo de la Magistratura ); con lo cual entiendo que se desnaturaliza absolutamente el sistema procesal y aún la independencia judicial”.

Con el objetivo de conocer la marcha de los procesos judiciales y difundirlos, ACIJ y CIPCE habían lanzado en noviembre del 2007, el “Proyecto para Acceder a la Información disponible en Causas de Corrupción”. En el marco de esta iniciativa, realizaron presentaciones en 40 causas, con resultados inquietantes: hasta ahora, sólo obtuvieron vista de 12 de las causas. 

Según Luis Villanueva, Coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional de ACIJ, el argumento esgrimido por Aráoz de Lamadrid revela: “Por un lado, una alarmante incomprensión del alcance del principio de publicidad y transparencia que debe regir toda actividad del Estado, incluida la Justicia. Y por otro, que el juez hace caso omiso del reconocimiento que han tenido las ONGs a nivel jurisprudencial”. Villanueva agregó: “Creo que hay cierto prejuicio en una parte del Poder Judicial que guarda algo de espíritu corporativo, además de desconocer una importante resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones”.

Respaldando la legitimidad del pedido de las organizaciones, en marzo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió que debía accederse al planteo formulado por las ONG, en virtud de lo dispuesto por la normativa internacional suscripta por la República Argentina. “Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone como regla la publicidad de todo el proceso penal, y las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción estipulan que debe asegurarse a las organizaciones de la sociedad civil un rol activo en la lucha contra la corrupción”, explicó Villanueva y aclaró que ACIJ y CIPCE presentaron un recurso de reposición que fue denegado, por lo tanto apelaron, acción que fue aceptada hace dos semanas y está pendiente de resolución. 

Por su parte, Romina Tello Cortez, Coordinadora de CIPCE, destacó: “El solo hecho de que un juez se aparte de una sentencia de la Cámara ya es grave. Aceptamos que el juez haga una interpretación distinta de las normas que nosotros invocamos, pero esas manifestaciones de reticencia a la participación de la sociedad civil no son más que otra muestra de la cultura del secretismo que existe en algunos actores del Poder Judicial que tienen a su cargo este tipo de causas que tocan intereses de gente muy poderosa que se encuentra imputada”.

“No es un argumento válido y deja traslucir esta cultura del secretismo que queremos contrarrestar y poner de manifiesto con estas presentaciones masivas que estamos haciendo. De ninguna manera nuestros pedidos de vista atentan contra las garantías del imputado. Nosotros reconocemos esos derechos y, como la mayoría de esas causas se encuentran en la etapa de investigación previa al juicio oral, reconocemos el derecho a la intimidad de los imputados. Pero eso no puede ser un obstáculo para que la sociedad civil tome conocimiento de cómo está marchando la investigación en el Poder Judicial, porque al día de hoy no hay otra forma de saberlo que no sea a través de la prensa o de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esos temas”, resumió Tello Cortez.

“Los datos son claros: todavía existe una alta reticencia en el Poder Judicial a la participación de la sociedad civil”, señaló Tello Cortez. Según un estudio realizado por CIPCE el año pasado, este tipo de expedientes tarda en promedio 14 años en tramitar, por delitos que, por lo general llevan una pena de 6 años. Este es el tiempo máximo por el que el Estado puede investigar a los acusados y, en la mayoría de los casos, no se llega a ningún resultado en cuanto al esclarecimiento de la verdad.