28/07/2008 - Organizaciones Sociales

Salta: Greenpeace frena topadores por desmonte ilegítimo

Greenpeace bloqueó, con cepos de acero, topadoras que realizaban un desmonte ilegítimo en una finca que ocupa una superficie similar a la de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el departamento San Martín en el norte de Salta, informó la organización ambientalista.

 

Los "jaguares", activistas que realizan acciones directas no violentas en el monte, bloquearon dos topadoras e impidieron, de este modo, que las máquinas continuaran con la destrucción del bosque nativo, destacó la ONG en un comunicado de prensa.

Tras realizar un sobrevuelo en helicóptero, Greenpeace interceptó a las máquinas que se encontraban realizando el desmonte de 17.229 hectáreas en la finca "Las Maravillas, fracción E1 y E2", ubicada en el departamento San Martín, al norte de la provincia de Salta.

Greenpeace denunció que el desmonte detenido fue autorizado por el ex gobernador de Salta y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, pocos días antes de que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Bosques, el 28 de noviembre del año pasado.

"La cantidad de permisos que emitió el ex gobernador Romero muestran un comportamiento perverso y especulativo destinado a debilitar la norma que en ese momento se estaba por aprobar y así evadir la moratoria y el ordenamiento de esta zona de bosques", dijo Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Los jaguares de Greenpeace lograron detener las topadoras con sus motos y desplegaron un cartel con la leyenda: "Ni una hectárea más. Desmonte Cero".

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta autorizó, en el 2007, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006, cifra que supera ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.

La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007.

La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.(Télam).