Se trata del Psiquiatra Marcelo Rudelir, quién revisará al represor en su casa en un country de Yerba Buena, en la que cumple prisión preventiva. En tanto el Psicólogo tucumano Héctor Warnes, actuará como perito de parte. Fiscal cuestionó por incongruentes el informe previo.
El informe sobre las condiciones mentales de Bussi, se deberá conocer en los próximos días ya que el 5 de agosto se inician las audiencias por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse.
Llegará hoy a la provincia un forense de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para examinar a Antonio Bussi, ya que, según lo establece
el Código Procesal Penal de la Nación, aún resta determinar si se encuentra en
condiciones mentales de afrontar el primer juicio oral por violaciones a los
derechos humanos en Tucumán.
El Cuerpo Médico Forense de la Corte designó al psiquiatra Marcelo Rudelir,
quién revisará al ex represor en su residencia, en un country de Yerba Buena, en la que, por razones de salud y por su edad
(82 años), cumple prisión preventiva bajo la modalidad de detención
domiciliaria, mientras que el médico Héctor Warnes actuará como perito de
parte.
La semana pasada, desde el cuerpo auxiliar de la Corte Suprema informaron al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán que, antes de la llegada de un
profesional, era necesario que a Bussi le practicaran un electrocardiograma y
un eco-doppler cardíaco.
La intervención de los forenses de la Corte fue solicitada por el Tribunal Oral
luego que una junta formada por seis profesionales tucumanos concluyó que Bussi
no está en condiciones de comprender plenamente las consecuencias jurídicas de
sus actos.
Como los resultados de la junta "llevarían a sostener que el imputado
quedaría excluido de la audiencia de debate, en tanto se transformaría la
imputabilidad en inimputabilidad, resulta prudente y razonable que el cuerpo
médico forense de la Corte Suprema se expida en torno de la cuestión",
justificaron los vocales del Tribunal Oral.
Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y
Josefina Curi realizaron el requerimiento a la Corte a pedido del fiscal
federal general ante ese tribunal, Alfredo Terraf, quien había cuestionado las
supuestas incongruencias de los resultados de la junta que examinó mentalmente
al militar retirado.
La revisión mental había sido ordenada porque es un paso exigido por el Código
Procesal Penal de la Nación antes de la celebración de un juicio oral para
aquellos casos en que los imputados son mayores de 70 años o el delito que se
les atribuye es reprimido con pena no menor de diez años de prisión.
Amén de lo que pueda decidir el forense de la Corte, en reiteradas ocasiones el
fiscal Terraf advirtió que la última palabra la tendrá el Tribunal Oral
"conforme a las reglas de la sana crítica racional", porque en caso
contrario "los peritos pueden terminar convirtiéndose en jueces de la
causa".
En el hipotético caso en que se resolviera que a Bussi lo afecta una
incapacidad mental sobreviniente, el juicio oral, cuyo comienzo está previsto
para el 5 de agosto, comenzará para Luciano Benjamín Menéndez, el otro imputado
por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas
Aignasse, ocurrida en setiembre de 1976.
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