Se reunieron el pasado fin de semana en Mar del Plata en las VII Jornadas Nacionales. Emitieron un documento. Rechazan intentos de vaciamiento, desmantelamiento y/ desfinanciación de las agencias estatales relacionadas con lo que hasta el 2015 fue política de Estado. Sobre el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Detalles.
El colectivo nacional de abogados y abogadas en causas por crímenes de Lesa Humanidad, tiene el nombre Mario Bosch, reconocido profesional por su lucha en relación a los derechos humanos.
Luego de dos jornadas de análisis e intercambio de informaciones sobre las realidades provinciales en materia de juicios y políticas de derechos humanos, el Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas de Lesa Humanidad, distribuyó un documento en el que:
- Reafirma su voluntad y decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, en la historia reciente.
- Rechaza cualquier intento regresivo, de vaciamiento, desmantelamiento y/ desfinanciación de las agencias estatales relacionadas con lo que hasta el 2015 fue política de Estado en la Argentina.
- Expresa su más absoluto repudio a las políticas negacionistas del actual Gobierno Nacional y la pretensión de materializar, con la complacencia de jueces, juezas y funcionarios, funcionarias judiciales, la impunidad de los genocidas y sus cómplices.
- Advierte, con enorme preocupación, que buena parte del Poder Judicial se ha adaptado a esas prácticas políticas, disponiendo prisiones domiciliarias, faltas de mérito, sobreseimientos o absoluciones, sin fundamento alguno que lo justifique.
- En particular, en la jurisdicción de Mar del Plata, advierte la impunidad promovida desde la magistratura, el ministerio público fiscal y el poder político, en favor de
Pedro Federico Hooft y Fabián Uriel Fernández Garello.
- Denuncia que el gobierno de Macri y los grupos de poder concentrado, con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, manipulan a jueces, juezas, fiscales y fiscalas a su antojo, violando la independencia del poder judicial, avanzando sin pudor sobre todos los resortes del Estado, para asegurarse total impunidad, tras el arrasamiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.
- Denuncia también el espionaje ilegal impulsado desde el gobierno poniendo en jaque los cimientos mismos del Estado de Derecho.
- Apoya las investigaciones que está llevando cabo el juez federal Alejo Ramos Padilla, que ha puesto al descubierto esas prácticas.
- Exige la libertad de todas las presas y presos políticos y la absolución de los luchadores y militantes populares, conciente de que con presas y presos políticosno hay Democracia.
- Insta a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura Nacional a la integración urgente de los tribunales lo que posibilitará el avance de todas las causas por crímenes contra la humanidad y a brindar un diagnostico, exhaustivo y sin más dilaciones, sobre el estado de situación de esos procesos judiciales.
- Exige se declare el estado de emergencia judicial en las causas en las que se investigan delitos contra la humanidad, garantizando todos los procedimientos judiciales y administrativos que posibiliten que en los juicios por esos crímenes se cumpla con el principio de continuidad, celeridad y efectividad. Su retardo constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad y a la reparación.
- Insiste en la obligatoriedad del Estado de resguardar los sitios, espacios y lugares de memoria, garantizando todos los recursos que sean necesarios para dar cumplimiento a ese objetivo. Y se pronuncia contra todo intento de construir y mantener instalaciones penitenciarias en el ex Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga (Tucumán); demoler el sitio de memoria de la Unidad Carcelaria de Villa Devoto y llevar adelante cualquier proyecto que afecte la intangibilidad de Campo Mayo.
- Valora el procesamiento y la condena a responsables civiles de delitos de lesa umanidad cometidos por directivos de la empresa Ford. Nadie puede ignorar que el proceso de juzgamiento de esos graves delitos llevados a cabo en la Argentina, goza de reconocimiento universal y cuenta con una enorme legitimidad jurídica y social. Por ello no está dispuesto, como no lo está la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a tolerar ningún retroceso.
En otro párrafo del documento, el Colectivo Mario Bosch refiere a los desafíos del presente los cuales “se centran en los obstáculos que impiden materializar el juicio y castigo a todos los culpables, ralentizando y fragmentando los juicios en curso, y el oportuno y efectivo juzgamiento de todos los responsables del terrorismo de Estado”.
Asimismo denunció que “hoy, en tanto, recrudece la violencia estatal a niveles alarmantes y la política de demagogia punitiva con la que el Gobierno promueve el uso irracional de la fuerza, se intenta naturalizar prácticas represivas incompatibles con la democracia y la defensa de la vida. Una evidencia palmaria de ello, es la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y los asesinatos de Rafael Nahuel y Facundo Ferreira.
Como parte de esa política vinculada a la violencia estatal, el Colectivo de Abogados y Abogadas manifestó el más absoluto repudio, a “la iniciativa que impulsa la baja de la edad de punibilidad, como así también la denominada “doctrina Chocobar” incitada por el gobierno nacional y sus agentes” .
Por otro lado, el colectivo de abogados, advirtió los peligros provenientes del propio Ejecutivo Nacional al considerar que “promueve obscenamente el armado de causas judiciales, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal de ex funcionarios y funcionarias, referentes políticos, gremiales y sociales, al igual que de trabajadores y militantes populares, como así también a líderes y lideresas indígenas”. Tambien denuncia el documento de los abogados que hay un uso “abusivo de la prisión preventiva, se detiene a opositores y se hostiga y criminaliza a quienes se animan a cuestionar las políticas de exclusión y hambre que implementa Macri y sus socios. El poder político y los grupos concentrados avanzan escandalosamente sobre todas las instituciones poniendo en peligro la Democracia”.
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