La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que impulsa la aprobación en el parlamento boliviano del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es regular el derecho a toda persona de acceder a la información pública, para hacer efectivo su ejercicio.
Con este objetivo, dijo que se realizó varios seminarios con asistencia de delegados de varias instituciones nacionales a fin de socializar los alcances del proyecto.
"Hay muchas razones para que la exclusión haya imperado en el país, y una de éstas es la información que siempre estuvo en poder de grupos de elite, sin llegar al ciudadano de a pie", enfatizó.
"Por todo lo
que hemos vivido como país, podemos afirmar que la falta de acceso a la
información dio lugar a que se cometan actos contra los intereses del
país que vulneraron los derechos humanos de todos los bolivianos",
agregó.
Según el proyecto existen diferentes teorías y opiniones
sobre las posibilidades de poner al alcance de todos los ciudadanos la
información producida por los servidores públicos.
Una expresión de éstas, es que los servidores públicos no están preparados para dar información, con los argumentos de que no hay un manejo de archivos, que en muchas casos no existen archivos, que no hay presupuesto, que no se debe dar información ya que no se sabe en que la va a utilizar y muchos argumentos más.
Suxo indicó que de parte de la sociedad civil existe la desconfianza de que se les dará "información incompleta, que no será información fiable, que seguro tendrá costos en tiempo y en dinero la obtención de información".
Al tenor de este razonamiento, dijo que el gobierno tiene como compromiso ineludible la transparentación de toda la información pública y para ello ya se inició procesos como los que están llevando a cabo algunos ministerios al poner al alcance de todos los ciudadanos información relevante de sus despachos.
El derecho de acceso a la información, consiste en la facultad legal que se le entrega a la población para solicitar información en poder de la administración pública y la obligación de todo servidor público de proporcionar la información de manera directa, veraz, completa, adecuada y oportuna, precisó.
Uno de los antecedentes más importantes en referencia al Derecho de Acceso a la Información lo encontramos en el articulo 19 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948 que señala:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
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