En su alegato, los defensores del represor Luciano Benjamín Menéndez y de seis de los imputados solicitaron la "absolución por el beneficio de la duda" y que en caso de condena no sean alojados en cárceles comunes.
Están acusados del secuestro, tortura y asesinato de cuatro personas en el centro clandestino de La Perla.
Los defensores, Adriano Liva y Mercedes Crespi, alegaron hoy y
consideraron que los imputados "no tienen vinculación con los hechos
que se juzgan", es decir el secuestro, la tortura y muerte de Humberto
Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl
Osvaldo Cardozo, ocurridos en 1977.
"No está puesto en duda la
materialidad de estos los ilícitos, pero si la relación con los
imputados", manifestó Liva ante el tribunal y justificó la misma en la
"falta de certeza" como consecuencia de la "ausencia de pruebas
directas" y añadió que durante el debate oral y público "todas las
pruebas se basaron sobre probabilidades".
En ese sentido,
enumeró "contradicciones y manifestaciones inverosímiles" de varias
testimoniales de sobrevivientes del centro clandestino de detención
denominado ’La Perla’, que dependía del Tercer Cuerpo del Ejército a
cargo de Menéndez.
Junto a Menéndez están imputados Hermes
Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos
Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo
Alberto Ramón Lardone.
Salvo el caso de Acosta, que tiene
defensores particulares, Liva y Crespi defienden a los restantes
imputados. Menéndez, como responsable del Tercer Cuerpo, y Rodríguez al
mando del Batallón 141, "no se puede decir que conocían los hechos" de
esta causa, añadió Liva en otro tramo del alegato.
Sin
embargo, en caso de que el tribunal condene a los imputados, Liva pidió
que no se modifique el estado en que se encontraban antes del juicio,
es decir la prisión domiciliaria y la libertad para aquellos que
gozaban de esos beneficios.
En tanto, en su alegato la
defensora Crespi cuestionó la "inconstitucionalidad" de la aplicación
de la "imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad" en la
causa, argumentando la "irretroactividad" en los delitos penales.
Entre
los distintos cuestionamientos a cada una de las pruebas, la letrada
pidió la "nulidad" de todas las testimoniales de cargo por
"inverosímiles, contradictorias, por no ser independientes,
consecuentemente en muchos de los casos con interés en particular por
el resultado" de este juicio.
En ese sentido solicitó la
"absolución" de Díaz, Lardone, Manzanelli, Padován y Vega, por el
beneficio de la duda y que, al igual que Menéndez y Rodríguez, no se
les modifique su situación de prisión domiciliaria en caso de condena.
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