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AMPLIARLa soja, en el centro de la escena

Economistas defendieron el esquema de retenciones móviles a las exportaciones

Un grupo de especialistas defendieron, mediante un comunicado, el esquema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias a las que calificaron como una "herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos".

"Los derechos de exportación son así un instrumento irremplazable para una política económica que propenda al desarrollo", dice el documento.

Agrega el escrito que las retenciones "colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía".

"Permiten -agrega- desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo".

Al respecto puntualiza el comunicado que "los derechos de exportación son así un instrumento irremplazable para una política económica que propenda al desarrollo".

"Como afirmábamos hace 100 días -argumentan- las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización".

Destacan que "el agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la pampa húmeda, epicentro de las protestas. Aún con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales de la soja, que desde que comenzó el conflicto pasó de 460 a 610 dólares por tonelada".

Afirman que "los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad".

El escrito indica que en función de todo esto "reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo" y apuntan que "vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del estado en materia distributiva".

Firman el documento, entre otros, los economistas Alejandro Rofman, Guillermo Wierzba, Matías Kulfas, Benjamín Hopenhayn, Mario Rapoport, Alberto Müller, Norberto Crovetto, Alejandro Vanoli, Horacio Rovelli, Natalia Fridman, Mariano Borzel, Agustín Crivelli, Claudio Casparrino, Rodrigo López, Juan Manuel Vázquez Blanco y Verónica Devesa.

También Daniela Heredia, Federico Castelli, Andrés Asiain, Martín Burgos, Pablo García, Romina Kupelian, Alejandro Barrios, Natalia Guinsburg, Roberto Adaro, Juan José Fernández, Ernesto Mattos y Eduardo Pompei.