13/07/2008 - En General

Tensión y bronca en la asamblea

Durante la asamblea popular que coordinó Remo Leaño, integrante de los Vecinos Autoconvocados de Tilcara, se escucharon diferentes expresiones culpando a los funcionarios de cómplices del saqueo y del negociado de la minería.

Se resaltó la importancia de la economía agrícola de la zona.

La comunidad Volcán de Yacoraite se encuentra situada dentro de los territorios afectados en los trabajos de cateo. En esa zona están sepultados los ancestros de la gente de la región, que reclama no sólo poder seguir viviendo de sus actividades agrícolas, sino el respeto a sus antepasados y a la Pachama.

Además habló una integrante de la comunidad de Juella que resaltó que en la región viven alrededor de 108 familias. Las economías agrícolas de subsistencia incluyen la producción de maíz, papa, quinua, hortalizas y frutas como durazo, pera y manzana.

De hecho Juella es la Capital del Durazno y es un sitio altamente reconocido por la calidad de su producción natural, que prescinde de químicos y conservantes, un valor agregado altamente reconocido en el mundo.

Durante la asamblea se escucharon representantes de la CCC, de Red Puna y del Movimiento Indígena Campesino, entre otros. Además se leyeron adhesiones que llegaron desde diversos lugares, entre ellas la del Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy, Vecinos de la Asamblea Patagónica contra a Contaminación y el Saqueo de Bariloche; Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO a la Mina de Esquel (Chubut), Asamblea del Pueblo de Alvear (Mendoza), Asamblea Mendocina por el Agua Pura y la Union de Asambleas Ciudadanas.

Al término de las manifestaciones de los diversos sectores, se produjo el arribo de la Jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty, el Secretario de Turismo y Cultura, Jorge Noceti, el Director de Minería Martín Sánchez, a quienes la asamblea solicitó una ley provincial que prohíba la explotación minera a cielo abierto.

El Secretario de Cultura y Turismo se comprometió a acompañar la presentación de ese proyecto, aunque dejó especificada que su intervención se reduce al sitio patrimonial de la Quebrada de Humahuaca, “hasta que se sancione una ley en trámite que crea un ente autárquico de administración de la Quebrada de Humahuaca”.

Noceti en ese marco explicó que “la Quebrada tiene tres áreas: un área de máxima protección, un área de amortiguación y un área de transición, las cuales tienen diversa valoración en la consideración como patrimonio de la humanidad” y agregó que “actualmente la actividad minera en esta zona no está prohibida”. Esto generó una airada reacción de los asambleístas que volvieron a exigir que las autoridades se comprometan a acompañar una ley provincial de prohibición de la minería metalífera.

Las intervenciones del Director de Minería Martín Sánchez y la Jueza de Minas, Lucas de Durruty fueron infructuosas, dado que los asambleístas se negaron a escuchar sus explicaciones, y algunos -por el contrario- increparon agudamente a los funcionarios, por entender que “son cómplices del saqueo y del negociado de la minería”.

El único acuerdo al que se arribó fue el de la firma de un acta donde se sentara la negativa a continuar con los pedidos de cateo en Juella y Yacoraite, que finalmente se concretó cerca de las 20. La primera parte del acta expresa: “… como consecuencia de dos expedientes iniciados en el Juzgado Administrativo de Minas para obtener permisos de exploración de minerales de primera y segunda categoría en el área de la Quebrada de Humahuaca, luego de un intercambio de ideas en atención a los antecedentes del caso, el texto de la ordenanza Nro 13/08 y el decreto municipal 180/08 se acuerda: Suspender totalmente la tramitación de los expedientes mencionados, para lo cual la jueza administrativa de minas dictará las providencias que correspondan en los trámites referidos”.