La Fiscalía solicitó esta tarde la máxima pena para el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército en la causa que investiga el secuestro, tortura y asesinato de cuatro personas durante la última dictadura militar.
En tanto que pidió penas severas para otros siete ex militares imputados.
Los fiscales pidieron ayer que el ex titular del Tercer Cuerpo
de Ejército Luciano Benjamín Menéndez sea condenado a "prisión
perpetua" luego de concluir con sus alegatos en el juicio que tiene a
otros siete represores imputados por el secuestro, tortura y muerte de
cuatro jóvenes militantes políticos ocurrido en 1977.
Hermes
Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos
Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo
Alberto Ramón Lardone, son los restantes imputados que, según los
fiscales, deben ser condenados con distintos grados de responsabilidad
por los hechos que derivaron en la muerte de las cuatro víctimas de
esta causa.
El fiscal general, Maximiliano Hairabedían, al
concluir los alegatos de los co-fiscales Graciela López Filoñuk y José
Fabián Aís, solicitó al tribunal de enjuiciamiento la pena de "prisión
e inhabilitación perpetua, más accesorias legales y costas" para
Menéndez, Díaz, Lardone y Padován.
En estos casos la Fiscalía
los consideró responsables de los delitos de "privación ilegítima de la
libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado", en todos los
casos agravados.
Los fiscales consideraron ese término por la
condición de funcionarios públicos de los imputados y por la condición
de las víctimas, y según el Código Penal vigente al momento de los
hechos, establecido por la ley 21338.
Para Rodríguez (ex
segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141) y para Acosta (ex
jefe operativo del centro clandestino de detención de La Perla) los
fiscales pidieron 22 años de prisión, ya que por licencias o cambios de
destino no participaron en el homicidio de las cuatro víctimas,
ocurrido el 15 de diciembre de 1977 en la ciudad de Córdoba.
En
tanto que, para el suboficial principal (r) Vega el pedido fue de 18
años de prisión, también ajeno al asesinato de las cuatro víctimas.
El
fiscal Asís, en uno de los tramos finales de su alegato, miró a algunos
de los familiares presentes de las víctimas en la sala de audiencia y
pidió "perdón en nombre de la institución que represento, por el
cansancio y la desazón de tener que esperar 31 años para saber la
verdad y encontrar justicia".
En horas de la mañana el fiscal
Hairabedian había fundado como "probados con total certeza" los delitos
mediante un "plan sistemático de aniquilamiento" que habían
implementado los responsables de la dictadura militar.
"La
irrupción de la intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de
1974 significó la violación sistemática de los límites que establecía
la Constitución Nacional y las leyes", manifestó el fiscal al sostener
que "todo los actos de violencia, tratos inhumanos, indignos y crímenes
que cometieron no tuvieron ningún respaldo legal".
"En ese
sentido sostuvo que "no hay dudas que los hechos que se juzgan en esta
causa los cometieron, porque así lo dicen las pruebas objetivas", y
sindicó a Menéndez como el "responsable máximo" de los delitos de Lesa
Humanidad, no obstante consideró que "todos sabían y querían los hechos
sucedidos" ya que "ninguno lo impidieron".
La co-fiscal,
Graciela López Filoñuk, amplió aspectos del funcionamiento del centro
clandestino de detención de La Perla, diciendo que al momento de los
hechos que se juzgan, una de las etapas estaba a cargo de Acosta, quien
"comandaba el Grupo de Operaciones Especiales (OP3)".
"Todos
actuaban en todo, es decir que todos secuestraban, todos torturaban y
todos mataban", sostuvo la fiscal respaldándose en las pruebas
documentales y de las testimoniales de las víctimas sobrevivientes que
declararon en la instancia de instrucción y en el juicio que comenzó el
27 de mayo en los tribunales federales de la capital de Córdoba.
"Gracias
a Díos cometieron el error de dejar 17 sobrevivientes que hoy son un
puente de plata para que la justicia, mediante la verdad histórica,
pudiera llegar a la verdad de lo acontecido. Hoy no se puede dudar de
la verdad que contaron aquí los sobrevivientes del horror", resaltó la
fiscal Filoñuk en otro tramo de sus alegatos.
En una breve
exposición y adhiriendo a los alegatos de las partes querellantes y de
los fiscales, el querellante oficial Marcelo Arrieta expuso en
representación de los familiares de Brandalisis y Cardozo.
La
décima octava jornada de este juicio, que se desarrolla en la capital
de Córdoba y está a cargo del Tribunal Federal Oral 3, comenzó a las
10.20 y se extendió hasta las 16.45.
El cuarto intermedio se
reanudará el miércoles de la próxima semana con los alegatos de los
defensores de los imputados, exposición que estaba previsto para el
lunes pero debido a un inconveniente de salud de la defensora oficial,
Mercedes Crespi, se decidió posponer la fecha.
Este jueves,
los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, representantes de los
familiares de Palacios, pidieron "prisión perpetua y cárcel común" para
Menéndez, por considerarlo "autor mediato de los delitos de privación
ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en
concurso real y agravados por su condición de funcionario público" al
momento de los hechos.
Para Rodríguez, Acosta y Vega
solicitaron 21 años de prisión por ’privación ilegítima de la libertad
agravado e imposición de tormentos agravado".
Salvo el
especial pedido para que todos los imputados sean alojados en "cárceles
comunes" y diferencias menores en cuanto a los años de condena, en el
criterio general coinciden los planteos y pedidos de las partes
querellantes y Fiscalía.
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