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Ecuador no estatizará los canales intervenidos; servirán para pagar deudas

Un día después de intervenir dos canales de televisión privados, el gobierno del presidente Rafael Correa descartó que planee estatizar esos medios de comunicación y se mostró dispuesto a asumir el costo político de la polémica medida, que ayer despertó alguna críticas en la oposición y la prensa.

"Esto [en alusión a la incautación de los canales Gamavisión y TC Televisión] no se hizo porque el Estado quiera quedarse con medios de comunicación. Lo que quiere el Estado es tener un patrimonio que le permita cumplir con sus obligaciones financieras", declaró ayer el ministro del Interior ecuatoriano, Fernando Bustamante.

El funcionario negó, además, que la decisión haya sido una jugada política de cara al referéndum constitucional, previsto para fines de septiembre. "Lo que dijimos fue: que se haga lo justo, no importa el costo que tenga. Si nos beneficia, tanto mejor, pero no es para eso que lo hicimos. Lo hicimos porque era justo y necesario poner fin a diez años de absoluto oprobio", afirmó.

Por su parte, el gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, aseguró que "al gobierno no le interesa para nada" mantener en su poder los bienes incautados, y hará "todo lo posible para que éstos pasen inmediatamente a manos privadas".

Además de Gamavisión y TC Televisión, la incautación afectó a otras 193 empresas de un grupo económico que protagonizó, hace diez años, la quiebra de la entidad Filanbanco, durante una de las peores crisis bancarias que enfrentó el país. La quiebra de Filanbanco, que era propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, que desde el año 2000 residen en Miami, Estados Unidos de América, dejó una deuda de 661 millones de dólares estadounidenses.

Ayer, sin embargo, uno de los abogados de la familia Isaías aseguró que muchos de los bienes incautados ya no son de sus clientes y negó la existencia de deudas pendientes con el Estado.

En tanto, el diario El Comercio pidió al país "estar muy atento para que, luego de la incautación, la administración de los canales sea temporal y no haya injerencia política en el contenido".

La nueva ministra de Finanzas, Wilma Salgado, dijo que "la intención del gobierno no es interferir con la libertad de prensa", sino "reparar el daño" que causó la quiebra de Filanbanco.