La Asamblea Constituyente de Ecuador terminó ayer el debate del capítulo sobre derechos de Comunicación en la nueva carta magna, que garantiza la libre expresión y prohíbe los monopolios y los vínculos de los medios con sectores económicos.
El articulado garantiza el derecho del ser humano a la libertad de expresión, información y opinión, así como a expresar su pensamiento por todos los medios.
El texto señala además que "el Estado impedirá el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, de la propiedad de los medios y del uso de las frecuencias (radioeléctricas) y el nexo de éstos con grupos económicos y financieros vinculados".
Los textos sobre derechos de la Comunicación quedaron listos para ser pulidos en su redacción por una comisión y para ser votados en el pleno de la Asamblea.
La Constituyente ecuatoriana, integrada por 130 miembros, de los cuales 78 son miembros del oficialismo, finalizará sus labores el próximo 26 de julio, al cabo de 8 meses de haberse instalado.
Algunos de los textos originales sobre comunicación social, de manera particular aquellos sobre propiedad de los medios, han sido objeto de rechazo de los gremios de televisión, radio y prensa.
Durante el debate de este miércoles, señaló "El Financiero" la asambleísta del oficialismo María José de Luca, señaló como un hecho que marca al sector de medios "la concentración de grandes poderes mediáticos cuyo poder está prácticamente por encima del Estado".
Dijo que no se debe temer a la "decisión histórica de superar un problema, que ha estado vigente a lo largo de la vida del país y que hoy finalmente se quiere remediar".
Afirmó que en el sector hay predominio de intereses privados sobre los colectivos en el contenido de la información, exclusión de los discapacitados en los mensajes y falta de acceso de la mayoría de la población a las tecnologías de la comunicación.
"En una palabra, el tema de la comunicación, tampoco se ha visto librado del mal que afecta a la sociedad ecuatoriana en su conjunto: la exclusión", sentenció.
Los textos debatidos este martes son más amplios que los que constan en la carta magna de 1998, que consagra el derecho de acceso a la información y la cláusula de conciencia de los comunicadores.
Además, establece la responsabilidad de los medios de comunicación de participar en procesos educativos y la prohibición de la publicidad que afecte a la dignidad humana.
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