24/06/2008 - En General

El Club Progresista y la situación actual

Crisis política y confusión mayúscula

Así titula la opinión de actualidad el Club Prorgresista.

 

El lock out patronal agropecuario en curso tiene consecuencias letales para el aparato productivo, el comercio, los servicios y el normal abastecimiento de la población,  también altera la paz social y termina afectando la estabilidad institucional. 

Ese reclamo corporativo, que se quiere instalar como un simple rechazo a la aplicación de derechos de exportación móviles a la venta de soja para los mercados internacionales, en realidad expresa una férrea oposición   a la intervención del Estado en la economía y reivindica la autonomía del mercado como elemento decisivo para la definición de las políticas públicas. Esto excede ampliamente la demanda legítima o no de un sector, por poderoso que este sea, y se convierte en una propuesta política que quiere imponerse por medio de la extorsión y el chantaje, vulnerando la legalidad democrática.

Nada tiene de objetable, en si misma, esa expresión política que sin duda ha logrado la  adhesión en sectores no desdeñables de la sociedad argentina. Frente a ella debe afirmarse claramente que el mecanismo para hacer realidad tal aspiración es la vía electoral, a través de los partidos políticos que hagan suya esa propuesta. Más aún, en octubre de 2009, se realizarán elecciones para renovar los mandatos del Poder Legislativo y será esa la oportunidad para consultar la opinión de toda la ciudadanía.

La persistencia del lock out ha creado un clima de inquietud que es caldo de cultivo apropiado para la concreción de ese plan político cuyo objetivo inmediato es condicionar el libre accionar de un gobierno legítimo recientemente elegido. La finalidad es clara, se trata erosionar el poder democrático, generando condiciones para imponer las políticas que en octubre pasado no tuvieron adhesión mayoritaria.

Los argentinos sabemos, por experiencia propia, de los efectos desestabilizadores que acarrea el desorden económico y social, amplificado ahora en una dimensión inédita por los medios de comunicación masivos. Y también sabemos que la respuesta política oportuna, medida y racional, al servicio del esclarecimiento masivo de la ciudadanía es el mejor remedio para evitar la extensión del caos y la propagación de la confusión.

El gobierno no ha acertado en la concreción de ese último cometido. La medida económica que disparó el reclamo en la zona pampeana tuvo una implementación errática y careció de la necesaria preparación de la opinión pública. Luego se actuó con precipitación, favoreciendo la consolidación de un bloque donde hay intereses heterogéneos, cuyas divergencias históricas no fueron explotadas oportunamente. Y finalmente se ha entrado en una dinámica peligrosa, de réplica y contrarréplica, que le ha hecho perder jerarquía, autoridad y control de la situación al actor decisivo que es el Estado.

Comienzan a advertirse los límites de un método de construcción política y de gestión de los asuntos públicos que antes no se hacían evidentes para importantes sectores de la ciudadanía. El gobierno es víctima de sus propias carencias y debe encontrar los remedios para encauzar el conflicto con las entidades ruralistas. Como siempre, el espacio más seguro, surge del sistema institucional y dentro de él el Congreso surge como la instancia política donde podrán resolverse las diferencias. Será entonces el momento de hacer un debate donde se pongan sobre la mesa la amplitud de problemas que hoy se esconden detrás de un reduccionismo que privilegia sólo la magnitud de los derechos de exportación aplicados a la soja.

Si no supera la confusión que hoy envuelve a buena parte de los argentinos, si no se establecen con firmeza y claridad los términos reales de la controversia, esta crisis política puede abrir paso a males mayores. El fantasma más temido es el deterioro institucional y la devaluación del poder democrático, jaqueado por la brutalidad del mercado y el poder económico.

Buenos Aires, 17 de junio del 2008