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22/06/2008 - En General

Chávez amenaza con suspender los envíos de petróleo a los europeos por el caso de los inmigrantes

El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con suspender el suministro de petróleo a los países europeos que apliquen la nueva norma para repatriar a los inmigrantes indocumentados, en tanto el mandatario boliviano Evo Morales dijo que la normativa puede desencadenar violencia en Europa y América Latina.

Chávez hizo la advertencia sobre el suministro petrolero en un acto en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) donde estaba el presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo, de visita en Venezuela.

Chávez hizo la advertencia sobre el suministro petrolero en un acto en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) donde estaba el presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo, de visita en Venezuela.

El mandatario venezolano dijo que "al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países" que apliquen lo que llamó la "ley del bochorno". Y advirtió: "si algún país europeo empieza aplicar ésto y meter preso a colombianos, a paraguayos, a bolivianos, a ecuatorianos, entonces vamos a empezar hacer la lista de empresas de ese país que tiene inversiones en Venezuela para aplicar la misma.

No vamos a meter preso a nadie, sólo que la empresa retorne para allá sus inversiones. Eso sí estamos a hacerlo ya, inmediatamente", agregó.

El mandatario exhortó al resto de países latinoamericanos, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los gobiernos africanos a rechazar la regulación europea.

"Lamentablemente en Europa domina la derecha, las corrientes de derecha y de ultra derecha, algunas muy cercanas al fascismo y al ultranacionalismo", precisó.

Chávez resaltó las buenas relaciones que mantiene su gobierno con Francia, Portugal y España, y dijo que había "pasado la página" al incidente en el cual el rey Juan Carlos lo mandó a callar en noviembre.

El presidente venezolano dijo estar dispuesto a viajar a Madrid, España, y abrazarse con el monarca, pero "eso sí, que no me mande a callar porque más le hablo".

En La Paz, Bolivia, temprano el presidente Morales dijo que la norma que aprobó la Unión Europea para expulsar a inmigrantes ilegales puede desencadenar violencia y enfrentamientos en Europa y América Latina y anunció que promoverá una campaña internacional de rechazo a esa medida.

"Yo pido a los presidentes de Europa, al Parlamento Europeo que no cometan una agresión a la humanidad y a la vida. Lo que están haciendo es muy grave", declaró durante una reunión con corresponsales extranjeros.

Aseguró que la llamada "directiva de retorno" de inmigrantes que faculta a encarcelar y expulsar a ilegales desde el 2010, puede generar "conflictos en Europa y Latinoamerica, porque habrá una reacción". "Yo les pido que no nos lleven a un enfrentamiento", dijo.

Conservadores y liberales del Parlamento Europeo aprobaron el miércoles la directiva que permite detener a inmigrantes indocumentados hasta 18 meses y su posterior expulsión.

Sostuvo que si hay pobreza en Latinoamérica y Africa se debe "las multinacionales se llevan todo y no dejan nada". Según cifras oficiales unos 500.000 bolivianos viven en Europa, de ellos unos 350.000 en España. De éstos últimos sólo 65.000 tienen papeles migratorios, dijo la embajadora boliviana en Madrid, Carmen Almendras.

El año pasado las remesas enviadas por los emigrantes bolivianos llegaron a los 1.100 millones de dólares estadounidenses, el 10% del PIB y ocuparon el tercer lugar en los ingresos después del gas natural y los minerales.

En Quito, Ecuador, durante una visita oficial, la secretaria española de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, dijo: "por parte del gobierno español no se va a producir ningún cambio que pueda afectar a la comunidad ecuatoriana que reside en nuestro país".

En España hay unos 500.000 ecuatorianos. Explicó que "aunque no se haya realizado de la manera más clara posible como a nosotros nos hubiera gustado", la Unión Europea quería con la nueva reglamentación enviar un mensaje de que "los flujos migratorios, claro que se tienen que producir pero de manera ordenada y de manera legal" para asegurar el cumplimiento de derechos ciudadanos y laborales.


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