La Secretaría de Derechos Humanos recibió a un grupo de personas para interiorizarse de la situación que afrontan en relación a presuntas estafas cometidas por empresas constructoras. Se solicitarán informes a los organismos correspondientes para realizar los reclamos.
Erica Brunotto, titular área, contó que hay más de 1.000 familias que fueron engañadas. “Muchos de ellos usaron sus ahorros para acceder a una vivienda y se quedaron sin dinero y la posibilidad de tener una casa propia”.
La funcionaria sostuvo que “se les está negando la Justicia” ya que las causas no siguieron su trámite. “En las mediaciones las empresas no se presentan e incluso hay situaciones que tienen que ver con los órganos de control, que vienen de la Municipalidad capitalina, para verificar estas construcciones y no se cumplieron, resultando muchas de ellas sin el certificado de final de obra”, advirtió.
En una primera instancia, la titular de Derechos Humanos dijo que se pedirán informes a la Municipalidad, Catastro del municipio capitalino y al Ministerio Público Fiscal. “Una vez que tengamos la información y analicemos con las denuncias recibidas haremos los reclamos que correspondan. Incluso si es necesario, llegaremos a la Nación”, anticipó.
Oscar Magariño, arquitecto y damnificado en la compra de un inmueble, indicó: “vamos a buscar todas las posibilidades que hagan falta para poder llegar a buen puerto. Queremos apoyo y solución”.
Brunotto, finalizó: “es una situación que se hizo común en el negocio inmobiliario. Es necesario la intervención de Estado y que estas personas, que fueron estafadas, tenga su vivienda”.
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