Las exportaciones mineras de Bolivia alcanzarán en el 2008 un valor cercano a los 2.000 millones de dólares estadounidenses, casi tanto como el gas natural, dijo el lunes el gobierno, al anunciar el cobro de mayores tributos a un sector en el que hay una creciente presencia de transnacionales.
El vicepresidente Alvaro García Linera dijo, citado por la agencia estatal ABI, que los ingresos por gas y minerales, que representan más de dos tercios de las exportaciones totales, permitirán la transformación del país más pobre de Suramérica en las próximas tres o más décadas.
"Lo que antes era una participación mínima (del Estado) porque los
extranjeros se lo llevaran todo, ahora no, ahora son los bolivianos
primero”, dijo al presentar un modelo económico que definió como
"nacional-productivo”, que alienta las exportaciones pero sin descuidar
el mercado interno.
García señaló que las nacionalizadas
exportaciones de gas a la Argentina y el Brasil tendrán este año un
valor de hasta u$s 2.300 millones, desde los u$s 1.980 millones del
2007.
Del valor total de los hidrocarburos exportados, entre un
50 y un 82% -según las características de las explotaciones- será para
el Estado boliviano, en forma de impuestos, regalías y ganancias de la
estatal YPFB.
Sobre las exportaciones mineras, principalmente
las de zinc, estaño, plata y wolframio, el vicepresidente precisó que
se proyecta para el 2008 un valor de entre u$s 1.800 millones y 2.000
millones, desde los u$s 1.700 millones del año anterior, pero con un
importante aumento de los tributos.
García Linera indicó que el
gobierno puso en vigencia un reajuste tributario aprobado mediante ley
a fines del 2007, que consiste básicamente en la creación de una
regalía no acreditable a las utilidades y un impuesto a las ganancias
extraordinarias producto de los altos precios internacionales de los
minerales.
En líneas generales, transnacionales como las
estadounidenses Apex Silver y Coeur D'Alene y la suiza Glencore, que
explotan áreas bajo contratos de concesión, darán el 55% de sus
utilidades, mientras que en las operaciones de riesgo compartido el
estado retendrá el 75% de las ganancias.
"El gobierno no está
aplicando un impuestazo a la minería (...) está aplicando una
modificación de tributos dispuesta mediante ley, que es una alícuota
adicional a las utilidades de las empresas”, dijo a reporteros el
ministro de Minería, Alberto Echazú.
El vicepresidente García
Linera confirmó que el gobierno negocia actualmente con Glencore el
cambio de contratos de concesión por otros de riesgo compartido. Medios
locales dijeron recientemente que el Gobierno estudiaba nacionalizar
las explotaciones mineras de Glencore, empresa que sufrió en febrero
del 2007 la estatización de una fundición de estaño, la única del país,
que operaba desde una privatización de hace casi diez años.
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