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La causa por las monjas francesas y Azucena Villaflor irá a juicio oral

Lo decidió el juez federal Sergio Torres, por el secuestro y desaparición de Alice Domon y René Leonie Duquet y de la Madre de Plaza de Mayo. Por estos delitos de lesa humanidad deberá declarar Alfredo Astiz, junto a sus ex camaradas de armas Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón.

El ex capitán de la Armada Ricardo Cavallo también está procesado por este hecho.

El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet y de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otras víctimas de la última dictadura militar en Argentina.

Según indicaron fuentes tribunalicias, por estos delitos de lesa humanidad deberán sentarse en el banquillo de los acusados el destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz junto a sus ex camaradas de armas Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otra decena de represores.

En una resolución de 108 carillas, el magistrado, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, recreó los hechos ocurridos alrededor de las 20 horas del 8 de diciembre de 1977 cuando un grupo de familiares de desaparecidos fue secuestrado al salir de la Iglesia de la Santa Cruz, en Estado Unidos 3150, de la Capital Federal.

En ese procedimiento y en sendos realizados en las horas siguientes fueron secuestradas las religiosas francesas, Azucena Villaflor de De Vicente, Angela Auad, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Horane, María Ester Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Remo Berardo y Horacio Elbert.

Todos ellos fueron llevados -según se desprende la pesquisa- al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Por esos hechos deberán comparecer ante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5), donde se tramitará el juicio oral y público; además de Astiz, Acosta, Pernías y Rolón, otra decena de ex jefes navales que actuaban en grupos de tareas dependientes de ese centro clandestino.

En ese listado de represores se encuentran Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, Ernesto Frimon Weber, Jorge Radice, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel y el ex policía Juan Carlos Fotea.

El ex capitán de la Armada Ricardo Cavallo también está procesado por este hecho, pero su elevación a juicio aún no se efectivizó ya que fue detenido cuando España accedió a su extradición, motivo por el cual su procesamiento aún está recorriendo las diversas etapas de apelación.

Tras sus secuestros todas las víctimas "fueron llevadas a la ESMA, donde se los sometió a interrogatorios y otros tormentos, para luego ser alojados bajo condiciones inhumanas en los sectores denominados " capucha" y "capuchita" que funcionaban en el tercer piso y altillo del Casino de Oficiales", recordó el juez Torres.

El magistrado explicó que "la estadía de este grupo en el centro clandestino de detención se prolongó aproximadamente entre siete y diez días, luego de los cuales fueron trasladados por personal de la marina y de fuerzas de seguridad".

Torres citó testimonios que narran la participación de Astiz, quien se infiltró en el grupo de familiares "buscando ayuda y consejo, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido y pidiendo que se lo incluyera en sus pretensiones.

Así fue como el nombre de Gustavo Niño integró la solicitada publicada el día 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación".

Esa solicitada se había convenido -según declaró en el expediente la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini- tras la misa del 8 de diciembre y estaba dirigida a las Fuerzas Armadas "reclamando información sobre el destino y suerte de las personas desaparecidas".

Al analizar los testimonios obrantes en la causa, el magistrado analizó que "a la hora de enfrentar esta tarea debe dejarse constancia que las circunstancias que rodearon a los hechos investigados hacen que la prueba testimonial adquiere un valor singular".

Ello obedece, dijo Torres, por resultar "un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejen rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad".

"En tales supuestos -explicó el juez- a los testigos se los llama necesarios (...) por la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores".

De las constancias del expediente se desprende que Villaflor de De Vincenti, Ponce de Bianco, Balestrino de Careaga, Duquet y Auad, fueron arrojadas a las aguas desde los "vuelos de la muerte", fueron enterradas como NN en el Cementerio de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, "luego que el mar llevara sus cuerpos a la costa de dicha localidad".

En la ESMA, abundó el magistrado, "funcionó durante la dictadura militar que gobernó al país a partir del 24 de marzo de 1976, un centro clandestino de detención donde fueron interrogadas personas mediante torturas, manteniéndolas en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida y alojamiento".

"Tal práctica se realizó en forma sistemática obedeciendo a un plan desarrollado para obtener la mayor información posible de aquellos que eran detenidos. Para ello la detención debía prolongarse por el tiempo necesario para obtenerla y para lo cual se estableció como método el uso de tormentos, tratos inhumanos, la imposición de trabajos y el convencimiento creado a los secuestrados de que nadie podría auxiliarlos", explicó Torres.