El teniente coronel retirado Rafael Mariano Braga, detenido días atrás y acusado de secuestros, torturas y desaparición de dos personas durante la última dictadura militar en Jujuy, negó ante la Justicia su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
Braga fue indagado por el juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor por las desapariciones de la maestra Dominga Alvarez Scurta y el estudiante de abogacía Julio Rolando Alvarez García.
"En ambas causas afirmó no saber nada y desconocer los hechos", aseguró el abogado Pablo Pelazzo, representante de organismos de derechos humanos de la provincia, quien aclaró que Braga fue indagado hoy por el caso de Alvarez García y días pasados por el de Alvarez Scurta.
El militar retirado fue detenido hace dos semanas en la Capital Federal y llevado a Jujuy, donde está acusado de participar en la represión ilegal en 1976.
Según organismos defensores de derechos humanos, Braga -quien se convirtió en el primer militar detenido en la provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad- se desempeñó como Oficial de Inteligencia del Grupo de Artillería Militar 5 (GAM 5) y luego como Oficial de Inteligencia del Area Defensa 323, entre fines de 1975 y fines de 1976, como surge de su legajo.
El ex militar permanece detenido en instalaciones del GAM 5, ubicado en el barrio de Huaico Hondo en esta capital, en el marco de la causa por los secuestros, torturas y desapariciones de Alvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y Alvarez de Scurta.
Alvarez García, casado, con dos hijos y su esposa embarazada fue secuestrado el 21 de agosto de 1976 -cuando tenía 26 años- en su casa de San Salvador de Jujuy, donde residía con su familia y sus padres.
Su familia vio que al joven lo introdujeron en un vehículo que fue seguido por uno de sus hermanos, que lo vio ingresar al Regimiento de infantería de Montaña 20 de Jujuy pero nunca más se volvió a saber de él.
Alvarez Scurta, en tanto, desapareció el 26 de mayo de 1976 cuando fue secuestrada en su casa de la avenida Fazio en San Salvador de Jujuy y se presume que habría muerto en la cárcel de Villa Gorriti, que dependía del Tercer Cuerpo del Ejército, por entonces comandado por el detenido general retirado Luciano Benjamín Menéndez.
Según dijo Pelazzo en una conferencia de prensa, "el represor fue trasladado hace quince días desde la Capital Federal, para que preste declaración indagatoria por el caso Alvarez Scurta y ese día fue detenido por orden del magistrado y trasladado a la unidad militar, donde Braga fue jefe de la unidad durante la época de la represión".
El letrado dijo que "en ese lugar, más que estar detenido, pasa buenos momentos. Por eso hoy presentamos un escrito solicitando su traslado a una cárcel común, que tendría que ser la unidad carcelaria 8 de la alcaldía federal", ubicada en el barrio de Alto Comedero.
Por su parte, la esposa de Alvarez García, Inés Peña, dijo que "en los últimos días recibí cartas de la esposa de Braga, donde me juraba que su marido no había hecho (nada) y que estaba mancillando su buen nombre y honor y me iba a tener que retractar".
"Nunca le respondí estas cartas, pero desde acá le digo a esa mujer, a su familia y a quien quiera, cómo recuerdo las imágenes cuando se llevaron a mi marido y me acuerdo de todas las caras de ese grupo de tareas que era liderado por el propio Braga".
El militar retirado se desempeñaba como titular de tres cátedras en la Escuela Media 12 de Retiro, en la Capital Federal, y como suplente en la Media 19, también de Buenos Aires, pero a principios de junio fue separado de su cargo por 60 días por la Secretaría de Educación porteña, hasta que se investigue su participación en la dictadura.
A raíz de las acusaciones el Senado rechazó el pliego de ascenso de Braga en el año 2002.
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